Poder político y justicia

La difícil situación institucional por la que atraviesa nuestro país que tiene como eje la falta de credibilidad y confianza del pueblo en la Justicia es consecuencia directa del equivocado manejo de aquella por parte del poder político gobernante en la última década que se ha encargado de hacerle perder a la Justicia el imprescindible requisito de independencia sin la que no se concibe una convivencia social en paz en una moderna república democrática de derecho.

Uno de los objetivos de la reforma constitucional de 1994 gestada en el Pacto de Olivos (1993) fue precisamente el mejoramiento de la independencia y la despolitización de la Justicia. Entre otros cambios, y con ese objetivo, se dispuso la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado o “Jury” de Enjuiciamiento como órganos independientes con una integración equilibrada con representantes de los tres estratos o sectores interesados en su funcionamiento (los órganos políticos resultantes de la elección popular, jueces y abogados), a los que se encomendó respectivamente -entre otras funciones- la selección por idoneidad en concursos públicos de los postulantes a los mismos y la remoción de magistrados mediante un órgano técnico de juzgamiento con las garantías del debido proceso. También se dispuso el carácter público de las sesiones senatoriales para el acuerdo que debe prestarse en el nombramiento de los jueces inferiores y de los jueces de Corte Suprema de la Nación -que antes eran secretas- y la necesidad de una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes para el acuerdo respecto de estos últimos a fin de lograr alcanzar los necesarios consensos en tan trascendentes designaciones. Se estableció el Ministerio Público como un verdadero órgano extrapoder -antes dependía del Poder Ejecutivo- con autonomía funcional y autarquía financiera al que se le encomendó la promoción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales del pueblo alejado de cualquier injerencia o bandería política.

MANIPULACION

Pero lamentablemente, el poder político, fundamentalmente a partir del año 2006, con el preclaro propósito de la manipulación de la Justicia se encargó de neutralizar esas importantísimas reformas utilizando todas sus fuerzas para el dominio de esos nuevos órganos llevando a la Justicia a una situación aún peor a la existente antes de la reforma de 1994, afectando su necesaria independencia y politizándola a extremos inadmisibles. En los últimos tiempos se llegó incluso a impulsar desde el poder político a una facción de magistrados y fiscales claramente politizados a la que llamó “Justicia Legítima” pretendiendo oponerla a la otra justicia que supuestamente sería “ilegítima”, en tanto se niega a perder su independencia. Ello provocó un inédito cuadro de crisis institucional con todo tipo de presiones y ataques a jueces y fiscales caricaturizando a todos los que se niegan a adscribirse a esa nueva justicia partidista oficial -inclusive a algunos de los más respetados integrantes de la CSJN- colocándolos en indecorosa situación.

EJEMPLOS

De la lectura de las diversas leyes y demás normas reglamentarias aprobadas para arribar a ese verdadero e increíble retroceso institucional que algunos sectores atribuyen a la necesidad de lograr impunidad por hechos de corrupción, se podrá comprobar la envergadura de la situación. A título ejemplificativo: la reforma del consejo de la magistratura nacional (2006) desequilibrando su integración en favor del sector político oficial y otras amañadas iniciativas con similar propósito como la partidización del Ministerio Público reemplazando a su titular por una decidida defensora de esa justicia partidista (2012); la mal llamada “democratización de la justicia” (2013) mediante la aprobación de un paquete legislativo con el que se pretendió lisa y llanamente colocar al Poder Judicial bajo los pies del sector político en cuanto modifica la integración y designación de los miembros del Consejo de la Magistratura -que fuera declarada inconstitucional por la CSJN (“Rizzo”); la designación de nuevos Conjueces abogados de la CSJN (2013) a los que el Senado prestó acuerdo sin la mayoría especial necesaria, que fuera recientemente declarada inconstitucional por la CSJN (“Aparicio”); o la actual pretensión de designar a un integrante de la CSJN sin la experiencia y antecedentes necesarios para ello, o el intento de juicio político al más calificado y prestigioso abogado integrante de la misma por razones de senectud. Con esta breve reseña podrá comprobarse dónde están las causas de la baja calidad institucional, desconfianza y desprestigio que hoy afecta a la justicia.

UN COMPROMISO

Por ello, a fin de evitar la continuidad o la repetición de esos hechos, más que nunca se hace necesario formalizar un claro compromiso o pacto programático de las diferentes agrupaciones políticas que competirán en las elecciones de 2015 frente a su pueblo, precisando qué clase de justicia se quiere y se comprometen a lograr y cuáles serán las concretas reformas que se impulsarán en tal sentido, respetando la verdadera y expresa intención de la independencia y despolitización pretendida por los convencionales de 1994.

Lamentablemente, pareciera que el sector político gobernante, tal vez cegado por el mantenimiento del poder -que siempre es transitorio y finito- olvida que en nuestro sistema constitucional la justicia además de permanente debe ser impartida por un poder judicial no político encargado de controlar a los otros dos poderes políticos y que ella será la encargada de juzgar y hacer rendir cuentas de su gestión a quienes pudieron haber asumido conductas corruptas o violatorias de los preceptos constitucionales y legales.

(*) Abogado, ex subsecretario de Justicia de la Provincia