Primer examen político

Por LAURA ROMOLI

En el gabinete de Julio Garro saben que el año pasado sacaron algunas malas notas. Lo justifican al contextualizar que se trató de un año de transición, caos y aprendizaje. Pero saben, que ahora ya sin excusa, 2017 será lo que califican como “un año bisagra” en el que el oficialismo buscará superar el examen de consolidarse como gobierno, una batalla en la que apura dos frentes: el de la optimización de la gestión y el de aceitar el diálogo político con el resto de las fuerzas que integran el arco interno y el opositor, en el que desde diciembre viene acrecentando sus niveles de tensión.

En el plano de la gestión, como se viene diciendo, la obra pública es la gran apuesta porque esta vez el municipio cuenta con la asignación de vastas partidas provenientes de los gobiernos nacional y provincial. Pero estos recursos también necesitan de un sistema de rápida instrumentación y en este sentido frente al ralentizado desempeño de la administración local durante 2016, distintas miradas del oficialismo ven necesario reorganizar no sólo los nombres del gabinete sino también el del organigrama municipal y la distribución de roles y responsabilidades que tiene cada actor del gabinete.

Esta idea ya tuvo algunas materializaciones con la ascensión de Control Ciudadano al rango de secretaría y la de la unificación de Seguridad y Legal y Técnica en una sola cartera. En las próximas semanas se espera que los cambios de los titulares de Salud y Espacios Públicos se combinen con un reacomodamiento de funciones en estas áreas y en otras tantas que hoy se encuentran “cruzadas” o “compartimentadas”.

“Lograr coordinación es fundamental”, admiten en el equipo de Garro. Es que la rápida respuesta a las demandas vecinales, un relanzamiento de lo que en la anterior gestión se llamó “en 72 horas” no puede fallar en un año electoral, en el que el municipio ya salió a buscar un acercamiento con la ciudadanía. Por eso hizo una encuesta. Encontró que los reclamos en los barrios están liderados por el de la seguridad y las obras hidráulicas, seguidos por el mantenimiento del bacheo, el alumbrado y la recolección. Estos puntos serán objeto de su énfasis.

Pero, como se dijo, las de octubre no serán unas elecciones de medio término cualquiera. Y en términos políticos el PRO busca aceitar las comunicaciones con sus compañeros de alianza, la UCR y la Coalición Cívica. En el radicalismo todavía no se sabe la actitud que asumirán los dos precandidatos en la interna del año pasado (Sergio Panela y Claudio Pérez Irigoyen) cuando sumados hubieran superado al PRO. Ambos han formulado duras críticas a la administración Garro.

En el oficialismo desean que el nivel de conflictividad interna no sea el mismo que el año pasado, aunque el reparto de lugares para los candidatos de la lista legislativa dará su propio trabajo. Un anticipo de esa pugna será tal vez la participación que logre el partido centenario en el nuevo gabinete. Como sea, los nombres del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, y del secretario general de la municipalidad, Javier Mor Roig, no dejan de escribirse en el borrador del anticipo de lista de candidatos a diputados provinciales por la octava. Su aceptación y confirmación dependerán de muchos factores y de la opinión de la Gobernadora.

Del otro lado está la oposición que, también con sus disputas internas, prepara un febrero que iniciará el refuerzo de su identidad crítica. El aliado Frente Renovador deberá debatir si consigue llegar a la PASO con una sola lista o concreta los amagues de interna, al tiempo que también le espera un largo debate con el sector de Margarita Stolbizer, con quien compartirá esquema electoral.

En el PJ, en tanto, las denuncias de persecución política tras la detención la semana pasada del hermano del ex intendente Pablo Bruera, Mariano Bruera, arrojan condimentos de mayor tensión con el oficialismo en un escenario que recién tendrá su correlato visible y mostrará sus verdaderas consecuencias al finalizar este mes de receso estival.