¿Quién paga el costo de jubilaciones insalubres?

Por MARCELO GARRIGA (*)

El jueves de la semana pasada al mediodía, al salir de la Facultad, me encontré con la calle 47 entre 5 y 6 cortada por una manifestación. Marchaban frente al Instituto de Previsión Social de la Provincia (IPS) trabajadores vinculados al sector de la salud. Reclamaban por la implementación de dos decretos sancionados por el gobierno de Scioli a mediados del año pasado, que establecían: “Declarar la presencia de factores de riesgo psicosocial en la actividad desarrollada por el personal que presta servicios en los establecimientos asistenciales dependientes del ministerio de Salud cuyas exposiciones representan un cuadro de agotamiento prematuro” (art 1). Asimismo establecen que dicho personal “tendrá derecho a una jubilación ordinaria a los 50 años de edad y como mínimo 25 años de servicio” (art 2). La normativa alcanza a enfermeros, camilleros, médicos, etc.

En el marco de la ley vigente (Decreto-ley Nº 9650/80), el Ejecutivo provincial puede establecer aquellas actividades que son “insalubres” y que, por lo tanto, requieren de un régimen especial. El objetivo de esta norma es considerar en forma diferente a los trabajos que, producto de su actividad, pueden tener algún desgaste prematuro o riesgo sobre la salud. El caso típico en la legislación previsional nacional, es el de los mineros, cuya esperanza de vida es mucho más baja que el promedio de la población trabajadora. Si se jubilan a los 65 años como en el régimen general, probablemente pocos podrán disfrutar de este beneficio.

AÑOS MAS, AÑOS MENOS

El tratamiento especial a los trabajadores de la salud implica que en lugar de aportar 35 años al sistema previsional y jubilarse a los 60 años (además adoptar un régimen laboral de 36 horas en lugar de 48 horas) se van a jubilar 10 años antes y por tanto, van a aportar 10 años menos. Esto no importa desconocer la necesidad de mejorar las condiciones laborales en que dichos trabajadores realizan sus tareas.

Estas medidas se dan en un contexto en que los sistemas previsionales están en crisis en la mayoría de los países. El envejecimiento poblacional ha puesto en jaque el financiamiento de la salud y el sostenimiento de la previsión social. Los intentos de reforma de la edad jubilatoria en Francia, Italia y España han sido fuertemente resistidos. Por un lado, la población siente que tiene un derecho adquirido que no quiere perder, y por otro, los gobiernos se enfrentan con regímenes insostenibles.

La tasa de sostenimiento previsional (cantidad de trabajadores activos para sostener las jubilaciones de los pasivos) se deteriora rápidamente producto del envejecimiento poblacional y por regímenes previsionales “generosos” en el otorgamiento de beneficios.

¿Puede el sistema previsional sostenerse financieramente con 25 años de aportes y 50 años de edad cuando la esperanza de vida en Argentina es de 75 años?

La provincia de Buenos Aires no es ajena a esta situación. Si bien el IPS actualmente es superavitario, muestra una tendencia al deterioro. El congelamiento de la planta de personal dispuesta por el Gobierno, luego de un incremento del 50 % en los últimos 10 años, agrava la sostenibilidad del régimen a futuro (menor cantidad de activos).

La pregunta relevante, ante este cambio en la legislación que beneficia a los trabajadores de la salud, es ¿cuál es la razón que lleva a que esta actividad ahora se convierta en una actividad insalubre? ¿Ha habido un cambio tecnológico o en el contexto social, que justifique esta medida? ¿Qué circunstancias se han modificado desde que los hospitales son administrados por la jurisdicción provincial? ¿Los empleados de la salud que trabajan en hospitales privados están en una situación similar y requerirían también de un régimen especial? ¿Y los que realizan su labor en establecimientos asistenciales que aún permanecen en la órbita nacional?

Estimaciones preliminares del costo de esta medida (el valor actual de anticipar 10 años la jubilación y disfrutar 10 años más de beneficios) es del orden del millón de pesos. ¿Quién se hará cargo de ese costo? ¿Cómo afectará al resto de los jubilados que están actualmente dentro del IPS? Después de todo, el IPS es una caja que administra el esfuerzo de todos los trabajadores públicos de la Provincia y de los docentes de escuelas privadas. Los mayores beneficios previsionales que logre un sector, será un costo para el resto de los aportantes.

También sería interesante saber qué opinión tienen sobre esta medida los médicos, enfermeros, camilleros recién jubilados que aportaron durante 35 años y se jubilaron a los 60 años, frente a otros compañeros que podrán, a partir de esta reforma, hacerlo en condiciones mucho más favorables. ¿Quién defiende sus intereses?

Un médico a los 50 años, ¿no está en su máxima capacidad profesional dada su experiencia y aprendizaje obtenido?

¿Puede el sistema previsional sostenerse financieramente con 25 años de aportes y 50 años de edad cuando la esperanza de vida en Argentina es de 75 años? Es decir, la cantidad de años de aportes como activo va a ser igual a la cantidad de años de beneficios como pasivo.

La sociedad argentina está en una encrucijada: demanda al Estado un nivel de gasto público insostenible en el tiempo y no parece estar dispuesta a pagar los impuestos, ya excesivamente altos, para financiarlo.

(*) Director de la Maestría en Finanzas Públicas. Facultad de Ciencias Económicas UNLP