Reiterada inacción oficial ante los cortes de calles que traban la libre circulación

Una vez más nuestra ciudad debió soportar los trastornos propios de las protestas callejeras que, anteayer, se tradujeron en numerosos cortes de las avenidas y calles céntricas, a raíz de la presencia de distintas columnas de manifestantes -alguna de las cuales no sólo interrumpió la circulación, sino que instaló vallados de cordón a cordón y quemó neumáticos- en una situación que resulta indudablemente traumática para la dinámica urbana y que, desde hace tiempo, reclama la intervención de las autoridades, esencialmente obligadas, como lo están, a garantizar la existencia de un mínimo de normalidad en la convivencia social.

No sería necesario describir las consecuencias negativas que estas protestas le causan al conjunto de la comunidad, ya que son demasiado visibles y frecuentes. Embotellamientos, largas esperas, bocinazos, las avenidas y diagonales céntricas –al igual que todas sus transversales- virtualmente anuladas para la circulación, líneas de ómnibus cuyos recorridos se ven obstruidos y se encuentran de pronto obligadas a improvisar itinerarios alternativos, pasajeros que buscan el sitio en quedan las nuevas paradas temporarias, todo ello configura un caos que en ocasiones se prolonga en los horarios centrales.

Tal como se informó ahora, los trastornos no sólo afectan a la zona de los cortes sino que se irradian hacia buena parte del casco urbano. Los conductores que se topan con las protestas buscan también algún recorrido alternativo, propagándose los embotellamientos y las demoras. A su vez, en los cortes en los que se queman neumáticos –que en esta oportunidad fueron más de cinco, en otras tantas esquinas- los peatones respiran un fuerte olor ácido, propio de esas hogueras.

Como se ha dicho en ocasiones anteriores, son ya incontables los sectores y las situaciones que dan lugar a la realización de cortes y piquetes en nuestra ciudad. Casi todos los días, invariablemente, hay varios puntos del distrito con calles cortadas y circular por la Ciudad se ha convertido en una odisea que genera serios perjuicios.

Ni la justicia ni las autoridades correspondientes se han propuesto nunca tomar medidas preventivas para evitar la proliferación y la prolongación de las protestas ejercidas bajo esa modalidad. Y parece haber llegado la hora de que los poderes públicos recapaciten y encuentren fórmulas que resuelvan este problema.

En esta columna se ha insistido, cada vez que se presentaron hechos similares, acerca de la necesidad de que las autoridades -municipales, provinciales o nacionales, según se trate- adopten medidas que apunten a evitar la repetición de una metodología de expresión, que se traduce en injustos perjuicios para todos.

También se ha enfatizado en que no se trata de cuestionar un derecho tan básico como es el de peticionar a las autoridades, imprescindible para garantizar la existencia de un sistema democrático. Pero ese derecho debe ser ejercido, también, en el marco de las reglas de convivencia.

La Constitución se ha esmerado al enumerar los derechos y deberes. Y así como está contemplado el derecho de peticionar ante las autoridades, está el mandato de hacer respetar la libre circulación y el debido uso de los espacios públicos. Los funcionarios municipales, provinciales y nacionales -entre ellos los jueces y fiscales- están, por consiguiente, obligados a evitar que, la repetición de protestas y reclamos se traduzca en injustas restricciones y perjuicios, así como en crear factores de riesgo para la población en general