Se debe investigar a fondo a las mafias que se esconden detrás de la venta ilegal

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha persistido en liberar los espacios públicos ocupados por comercios ilegales abastecidos por importantes operadores clandestinos que hacen grandes ganancias sin pagar impuestos.

Ingenuamente suele creerse que los vendedores en esos puestos callejeros son artesanos o personas de muy humilde condición que ganan un ingreso trabajando de forma independiente para alcanzar una vida digna como “cuenta propistas” cuando en realidad son el débil eslabón final de organizaciones mafiosas que ocupan espacios públicos para ofrecer mercaderías a través de los llamados “manteros”, que suelen ser de hecho empleados sin la protección de las leyes laborales. En realidad lo que falta es llegar al fondo de la cuestión investigando quienes son los patrones de los “vendedores ambulantes”, que de hecho no son tales porque ocupan puestos fijos en base al dictado de los reales usurpadores de veredas y que hasta suelen “importar” mano de obra que les resulta más barata.

En varias provincias un negocio minorista instalado cumpliendo con todas las normas puede ser clausurado por no entregar un recibo apropiado pero ninguna sanción rige para los puestos callejeros vendan lo que vendan, con un producido monetario importante para las bandas que administran esas verdaderas cadenas y no quienes atienden a los posibles compradores.

La variedad de las mercaderías que se exhiben, hasta alimentos con los peligros que ello significa, requiere de depósitos, organizaciones distribuidoras de los distintos artículos, oficinas centrales y “arreglos” con autoridades políticas, administrativas o policiales. Es notorio que algunas mercaderías son producidas industrialmente por factorías especializadas que, como en el caso de los relojes, son “importadas”. También puede observarse que muchos vendedores no son legalmente residentes en el país ni mucho menos pueden ejercer actividades comerciales lo cual es aprovechado por los grupos mafiosos que los abastecen, ubican y “protegen” de tal manera que en la práctica son esclavizados. Aparentemente todos respetan la localización de los otros como si se reunieran para resolver esa cuestión que de hecho esté en manos de quienes pueden ejercer de patrones.

Es cierto que puede criticarse algún aspecto de las acciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a ese desafío tan complejo como el de terminar con esta práctica de la que el público solo visualiza el débil eslabón final. Sin embargo, es más que loable el esfuerzo realizado en la Capital Federal para erradicar la venta callejera ilegal, corrupta y corruptora. Muchas ciudades como La Plata, por ejemplo, han optado por cerrar los ojos y aceptar la privatización de los espacios públicos por las organizaciones mafiosas hasta el punto que en algunas calles se crean dificultades para caminar por las veredas. Inclusive reparticiones provinciales como la policía y los entes recaudadores parecen haber declarado como actividad “liberada” la que desarrollan esas bandas.

Por todo ello debe desearse que en otras urbes y jurisdicciones provinciales se actúe con la misma determinación que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para terminar con este flagelo con muy negativas consecuencias sociales.