Un avance muy esperado

Su incorporación implica además un reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a decidir si tener un hijo en situaciones no deseables o peligrosas para su salud; porque fue pensado para casos donde el embarazo es producto de una violación o pone en riego la salud de la mujer, entendida en un sentido integral.

Pero más allá de un avance en materia de derechos, la instrumentación de este protocolo va a permitir que se reduzca la tasa de mortalidad por abortos clandestinos. Se calcula que alrededor de cien mujeres mueren y otras tantas quedan hospitalizadas cada año en Argentina por someterse a prácticas ilegales. En su mayoría son mujeres de escasos recursos que terminan recurriendo a lugares que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad.

Esperamos ahora que este protocolo no quede en letra muerta y se lleve a la práctica tal como está planteado; es decir, garantizando la accesibilidad, la confidencialidad, la celeridad y la privacidad de las prácticas.

Para eso es fundamental que en todos los hospitales haya equipos profesionales que puedan no sólo interrumpir el embarazo sino ofrecer además contención psicológica a las mujeres, porque no es una decisión fácil para una mujer someterse a este tipo de práctica. No menos importante es que los médicos objetores de conciencia se lo informen de antemano a los directores de hospitales para evitar tanto situaciones de judicialización como contratiempos en general.

Es posible que en la práctica se requiera una fuerte presencia del Estado para que el protocolo se aplique como dice su texto, pero es momento de separar la religión del Estado. Vivimos en un Estado de Derecho, existe un fallo de la Corte Suprema que lo avala y tenemos una Constitución que jerarquiza los Derechos Humanos fundamentalesde la mujer. Ojalá las provincias que restan adherir no demoren en hacerlo también.

(*) Presidenta de la ONG Las Mirabal