Una carrera universitaria no es igual a una maratón

La reciente graduación como abogado de un joven platense con sólo 20 años en poco más de 24 meses, fue motivo de elogios por su edad y el breve lapso que le insumió aprobar todas las materias en la UNLP. También puede ser una buena razón para reflexionar sobre el camino tomado a fin de alcanzar la meta y el perfil de las profesiones jurídicas, considerando que, según la normativa de educación superior, su ejercicio compromete el interés público e incide en los derechos, libertades y bienes de las personas.

En la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales existe la opción de cursar por promoción, aprobando con nota final no inferior a 6, o rendir libre en mesas examinadoras, aprobando con nota no inferior a 4. Históricamente esta última modalidad prevaleció ante la escasa oferta de cursos, y permitió (permite) a los estudiantes administrar con independencia la preparación de materias y el momento para presentarse.

Con el correr de los años, particularmente desde la década de 2000, se agregaron más comisiones y cátedras, de modo que el proyecto académico fue cambiando hacia uno en el que, progresivamente, la cursada se convierta en algo habitual y no excepcional.

Actualmente, los estudiantes, en su recorrido, siguen pasando por la instancia del examen final en varias materias, pero cursar tiende a consolidarse como la opción mayoritariamente elegida. Hay consenso en relación a que los cursos brindan una mejor formación pese a que demanda más tiempo a los futuros graduados: en 3 clases semanales (6 horas) desarrolladas por titulares y adjuntos, en el aula como punto de encuentro donde confluyen alumnos de la región y el interior, egresados de la escuela pública o privada, trabajadores, madres y padres cuyas posibilidades horarias para dedicar al estudio son menores, así como quienes tienen la oportunidad de estudiar exclusivamente. Los cursos propician el aprendizaje teórico-práctico, el pensamiento crítico y creativo, la transmisión de valores y el sentido de pertenencia a la Casa de Estudios.

Sin embargo, no es posible aún garantizar que todos cursen todas las materias que deseen distribuyendo la oferta académica en los diferentes tramos horarios del día y respetando asimismo una relación numérica pedagógicamente adecuada entre alumnos y profesor a cargo.

TIEMPOS PARA LA FORMACIÓN

Para recibirse en 2 años y fracción, un estudiante aprobó solamente en 1 año (10 meses académicos) 16 materias de las 34 que tiene la carrera, cuando en abogacía el promedio de materias aprobadas estadísticamente gira en torno a las 5 ó 6 anuales; y los estudiantes con mayor rendimiento podrán llegar a 7 u 8 en el año. ¿Entonces? No se trata de hacer un alegato en contra de quien ha demostrado extraordinario rendimiento, sino que es un llamado de atención para analizar y eventualmente replantear la carrera universitaria, pues no es un maratón. Formar un abogado o cualquiera otro profesional requiere tiempo; esto más allá de las cualidades intelectuales y cognitivas que posean los jóvenes para leer textos, retener conceptos con rapidez y luego aplicarlos respondiendo favorablemente preguntas en un examen. Hasta el más dotado intelectualmente necesita tiempo para asimilar en su plena dimensión el proceso de educación superior que transita, tiempo para conectar los contenidos con la compleja realidad social, tiempo para representarse lo que implica la actuación profesional, tiempo para sensibilizarse con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que en nuestro país tienen jerarquía constitucional. En este marco se inserta el plan de estudio que luego de un proceso de recepción de opiniones que aportaron al debate docentes, estudiantes y graduadosfue aprobado unánimemente por el consejo directivo de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y regirá en 2017 al completarse los trámites de validación.

Entre otros cambios se proponen mejores herramientas que las vigentes hasta ahora en el ciclo inicial, con 2 materias nuevas: introducción a las ciencias sociales e introducción al pensamiento científico; se crea Derechos Humanos como materia de 2º año para entender el fenómeno jurídico desde esa perspectiva; la enseñanza práctica (sin dudas fundamental) aumenta a más de 400 horas totales; se incorpora formalmente la actividad extensionista a través de consultorios jurídicos gratuitos, programas y clínicas de interés público para perfilar abogados socialmente comprometidos; y se crean espacios para profundizar conocimientos en áreas que elijan los estudiantes durante la etapa final. Es un desafío luego de 60 años sin modificaciones curriculares sustanciales y una enorme tarea colectiva hacia adelante que tendrá aciertos y probablemente errores para corregir si de su implementación no logra cumplirse satisfactoriamente el objetivo de elevar la calidad académica de la institución.

NO ES BROMA

Genera cierta decepción que un graduado con destacada presencia en los medios de comunicación y redes sociales por el título que merecidamente obtuvo, exprese comentarios cargados de prejuicios al enterarse que almorzará en TV junto a un actor cómico, concluyendo casi resignadamente que negros hay por todas partes. No es aceptable ni siquiera invocando el “animus jocandi” o ánimo de bromear. Sorprende y preocupa que el episodio termine naturalizado (con disculpa incluida) como simple broma de mal gusto en un grupo de whatsapp que tomó estado público. También algunas manifestaciones sobre el propósito de ser Presidente de la Corte a los 30 años, revelan que algo no se comprende muy bien: en el derecho y en todas las ciencias, son recomendables sabiduría y equilibrio, que se adquieren y fortalecen con experiencia de vida (académica, profesional, humana) para asumir determinadas responsabilidades como ni más ni menos la magistratura en el máximo tribunal, aún cuando ésa sea la edad mínima establecida constitucionalmente. Ello no significa que al novel graduado no le depare un gran futuro en el sistema judicial o en otros ámbitos, si es su genuina vocación.

No siempre arribar anticipadamente a la meta resulta lo más conveniente.

(*) Magister en Derechos Humanos, profesor y consejero directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP