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Por JOSE MALDONADO (*)
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Hubo pescado a la cacerola cocinado por la anfitriona. Hubo una larga charla de sobremesa con café de por medio. Hubo señales de buena sintonía y hasta algún gesto de afecto entre ambas.
Pese a todo, la cena que compartieron el pasado miércoles por la noche María Eugenia Vidal y Elisa Carrió no logró despejar del todo el frente de tormenta que se instaló en el gobierno de la Provincia a partir de la embestida que lanzó “Lilita” contra el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi.
El encuentro en la casa que Carrió tiene en Capilla del Señor, donde la diputada guarda por estos días reposo por indicación médica, sí logró cumplir el cometido básico. Mostrar juntas a las dos dirigentes de Cambiemos, tras el sacudón interno en el oficialismo que generó la denuncia de “LIlita” contra Bressi, a quien vincula con el accionar de bandas de narcotraficantes que operan en distritos como Esteban Echeverría y Ezeiza.
Vidal llegó en helicóptero junto al secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón y a Julio Conte Grand, secretario de Legal y Técnica, de muy buena relación con Lilita. A la cena, la gobernadora llevó un informe que le acercó el ministro de Justicia Gustavo Ferrari que desliga a Bressi de cualquier vínculo con bandas de delincuentes y con maniobras irregulares desde su ingreso a la fuerza.
Pese a esos datos, en el entorno de la líder de la Coalición Cívica quedó instalada la certeza de que Carrió está lejos de haber bajado la guardia con respecto al jefe de la Bonaerense.
“Lilita está convencida del vínculo de Bressi con el delito y con un sistema de recaudación ilegal que opera dentro de la Policía”, explicaron fuera de micrófono fuentes cercanas a Carrió, quien por su parte se mantuvo en silencio tras el encuentro con Vidal.
Con ese dato, y pese a la tregua firmada en la casona de Capilla del Señor, en algún sector del gobierno bonaerense persisten los temores sobre la posibilidad de que Carrió vuelva a poner en marcha otra embestida que apunte, esta vez, no sólo contra Bressi sino también contra el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo.
Se trata, como se sabe, del hombre de mayor confianza de la Gobernadora dentro de su gabinete y a quien Vidal había elegido primero como su compañero de fórmula, antes de enviarlo al sillón más caliente del Ejecutivo.
Pero en la semana que pasó, hubo movimientos también vinculados a una denuncia de Carrió que ayudaron a mejorar el humor interno en el oficialismo. Desde los tribunales penales platenses trascendió que en los próximos días se produciría el llamado a indagatoria por parte del fiscal Alvaro Garganta del ex gobernador Daniel Scioli.
Es en el marco de la causa que se abrió a partir de la presentación de Carrió, quien sostiene que el ex candidato presidencial del Frente para la Victoria incurrió en maniobras de lavado de dinero durante su gestión a través de distintos mecanismos.
Por ahora, Garganta sólo hubo por parte de la UFI 11 una notificación de derechos hacia Scioli, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez y el ex titular de Absa Guillermo Scarcella, los tres imputados a partir de la denuncia que presentó “Lilita” Carrió.
En medio de esos movimientos en los tribunales penales, en el gobierno de la Provincia preparan por estas horas lo que será la presentación ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar la restitución de recursos en concepto de Fondo del Conurbano.
Es que en la administración Vidal consideran que la estrategia parlamentaria ya está prácticamente agotada, con la certeza de que será muy difícil que alguno de los cuatro proyectos para reformular el Fondo del Conurbano ingresados en el Senado de la Nación pueda progresar más allá del debate en comisiones.
La búsqueda de respaldos opositores tanto en la Legislatura como en el Congreso sirvió a Vidal para formar músculo político, pero las expectativas ahora están puestas en la posibilidad de una definición judicial.
El problema se presenta ahora en términos de plazos. La pulseada judicial por los fondos, entienden en el Ejecutivo bonaerense, puede extenderse por meses, ya que de seguro disparará planteos de otras provincias.
Pero la administración de la gobernadora Vidal necesita certezas sobre qué volumen de fondos recibirán el año que viene de la Nación para elaborar el proyecto de Presupuesto 2017 que, se prevé, será enviado a la Legislatura a mediados de septiembre.
Por eso, todas las expectativas están puestas en una definición política del presidente Mauricio Macri.
“Una foto en sepia, del pasado”. Esa fue la imagen que eligió, el miércoles pasado, en La Plata, un referente del grupo Esmeralda de intendentes peronistas de la Provincia para referirse al encuentro que habían mantenido horas antes la conducción del PJ en La Matanza para homenajear a Evita.
Las tensiones al interior del universo del peronismo bonaerense quedaron ese día expuestas en dos fotos bien diferentes. En el Conurbano, Daniel Scioli, José Luis Gioja y Fernando Espinoza
“De un lado está la renovación y del otro, el pasado. Y la gente no quiere votar al pasado”, dispararon desde el grupo Esmeralda.
Además de esa señal de distanciamiento, los jefes comunales que tienen como principales referentes a Martín Insaurralde y Gabriel Katopodis enviaron otro mensaje hacia la interna del PJ. El viernes, enviaron a dos representantes (Mariano Cascallares y Eduardo “Bali” Bucca) a un encuentro con el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, con quien buscan afinar sintonía.
El encuentro con el salteño, además, sirvió para enviar un mensaje hacia Florencio Randazzo, quien se mantiene alejado, por ahora, de la escena política.
Pero para el Gobierno provincial, la disconformidad de los radicales puede significar un traspié si el Vicegobernador fuera derrotado en la elección de presidente del Comité Provincia de la UCR.
(*) Periodista de la sección Política
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