Una chance para acabar con la degradación institucional

Una de las notas más características del sistema “hiperpresidencialista” como el que gobierna la Argentina desde hace doce años, es la usurpación de facultades de los poderes Judicial y Legislativo por parte del Ejecutivo.

De esa manera se va destruyendo el principio de separación, que impone una equivalencia entre los tres poderes, ya que éstos en una situación de igualdad e independencia recíproca componen el gobierno de una República constitucional.

La reconstrucción de la autoridad del presidente Kirchner llevó a que se fuera edificando un sistema similar al de Santa Cruz

Así las cosas, el ex presidente Kirchner inició su gobierno con el dictado de medidas que importaban un avance en la independencia de la Justicia, en particular el decreto 222/03 conocido como de autolimitación de las facultades del Poder Ejecutivo en la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Lamentablemente, dicha tendencia se vio interrumpida a partir del claro triunfo que obtuvo el oficialismo en las elecciones legislativas de 2005.

La reconstrucción de la autoridad de un Presidente que había asumido con poco más del 20% de los votos, luego de una suerte de primavera, llevó a que paulatinamente se fuera edificando un sistema similar al que se había sido establecido en Santa Cruz, provincia de la que era originario el fallecido primer mandatario.

LA REFORMA DE 2006

Así, a principios de 2006 la reforma que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, llevó a una integración con mayoría de representantes del sector político, en el que el oficialismo con cinco sobre trece miembros logra bloquear la elevación de una terna para la designación de un nuevo juez o la acusación de un magistrado para dar inicio a un juicio político, en razón de que es necesaria una mayoría de dos tercios de sus miembros para dichas decisiones. Recordemos que se trata de los dos actos más importantes que toma el mencionado organismo.

DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA

Esta actitud se ha acentuado durante los dos mandatos de Cristina Kirchner. Un paquete de leyes que se dio en llamar de “democratización de la Justicia”, aunque en realidad fue ideado para su dominio, si bien la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de varios de sus artículos, han quedado vigentes otros que importan un nuevo avance sobre la independencia judicial.

Ello se ve acentuado con la aparición de la ya conocida agrupación “Justicia Legítima”, cuyos integrantes –jueces, fiscales, juristas- se proclaman militantes del proyecto político que encabeza la actual Presidenta.

Nada más alejado de la imparcialidad y objetividad que deben observar los magistrados de conformidad con la ley de organización de la Justicia.

PODER HEGEMONICO

Asimismo, la ley de subrogancias y la designación de conjueces, se caracterizan por la arbitrariedad de los nombramientos, de acuerdo con nuevas reglas y en abierta contradicción con sentencias de la Corte Suprema.

El próximo recambio ofrece una oportunidad para dar final a un proceso de degradación institucional

Este cuadro de situación va cimentado el ejercicio de un poder político hegemónico en manos de la titular del Ejecutivo, carente de adecuado control e incompatible con los principios republicanos de gobierno en tanto no se propende a asegurar la independencia del Poder Judicial.

El próximo recambio de autoridades ofrece una oportunidad para dar punto final a este proceso de degradación institucional e inaugurar una nueva etapa caracterizada por el respeto de la Constitución.

(*) El autor es abogado especialista en Derecho Constitucional