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Opinión |EDITORIAL

Urge modernizar el sistema electoral para avanzar en la transparencia democrática

2 de Agosto de 2015 | 02:31

Mientras en muchos campos institucionales nuestro país ha venido bregando por modernizar sus instituciones -y prueba de ello se encuentra en la entrada en vigencia del recién sancionado nuevo Código Civil que, entre muchas otras, instaura profundas modificaciones en cuestiones tales como el divorcio, responsabilidad parental, bienes matrimoniales, filiación, adopción, sucesiones, alquileres y el régimen de consorcios- en materia electoral, como contraste, mantiene un sistema obsoleto, desgastado, incapaz de garantizar un mayor grado de participación ciudadana y la transparencia en los mecanismos de selección de candidatos.

Convendría, por lo pronto, enfatizar que ha existido un creciente consenso en los últimos años, en el sentido de que debe producirse una integral modificación del sistema electoral vigente, apuntándose a la instrumentación de medidas que aporten seguridad en los mecanismos y procesos electivos. Se sabe también que se presentaron en los últimos años distintos proyectos legislativos encaminados a ese objetivo, que -aún cuando no pasaron de tener un mero alcance declamativo- dejaron testimonio de que existe una fuerte intención por modificar las reglas de juego.

Esta necesidad de una profunda reforma se vuelve aún más palpable en la provincia de Buenos Aires, el distrito de mayor convocatoria electoral en el país, en donde es imperiosa necesidad instrumentar el voto electrónico, que sustituya al anacrónico y costoso procedimiento de boletas y urnas. No caben dudas de que el del voto electrónico es uno de los mecanismos más idóneos para dar claridad a los actos electorales y reducir a un nivel prácticamente nulo las posibles maniobras de fraudes comiciales.

Cuando el próximo domingo los electores bonaerenses ingresen a los cuartos oscuros por las primarias que tendrán lugar en esa jornada, se encontrarán en las mesas –y el dato resulta elocuente- con seis metros cuadrados cubiertos con boletas, producto de las 36 listas que se presentarán, cada una de ellas utilizando boletas que miden 80 centímetros de largo por 20 de alto. Esto significa, en la práctica, dificultades en la emisión del voto, para los votantes, y serios obstáculos en los escrutinios posteriores para las autoridades de mesa y para los fiscales.

Hace pocas jornadas se vinieron presentando denuncias y cuestionamientos desde distintos partidos políticos que advirtieron sobre la posibilidad de que, en los próximos comicios en la Provincia pudieran producirse irregularidades. Como se sabe, las objeciones de esos partidos apuntaron a eventuales deficiencias en el recuento de votos, a un posible robo de boletas o a reformas en el número de boletas que, eventualmente, lleven las urnas una vez concluida la votación.

Como puede verse, tales problemas desaparecerían si se instrumentara el voto electrónico. Y una reciente prueba de ello pudo corroborarse en las recientes elecciones y en el ballotage realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde tanto el trámite de la votación para los electores como las instancias del escrutinio se vieron notablemente agilizados. Fueron, por cierto, notables las ventajas que ofreció el voto electrónico.

Cualquiera sea el resultado de estas elecciones de agosto y de las generales que se realizarán en octubre, la esperanza común sigue siendo que puedan desarrollare como actos cívicos ejemplares, sin tachas o sospechas que puedan malograrlas. El país necesita del vigoroso compromiso democrático de los ciudadanos y reclama que, tales actos, puedan realizarse en un clima de seguridad y transparencia. Es seguro que, en el futuro, el voto electrónico será un aporte decisivo para consolidar esos objetivos.

Se sabe que el aporte más tangible hacia el fortalecimiento democrático lo hace cada ciudadano con su voto y de allí surge la necesidad de que no existan posibles desvíos que desnaturalicen la voluntad de los votantes. Será necesario, entonces, que se instrumenten en el futuro todas aquellas modificaciones que está reclamando el sistema electoral vigente.

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