Investigan una millonaria defraudación con jubilaciones “truchas” en el IPS

Seis personas fueron detenidas bajo sospecha de integrar una banda que funcionaba en el Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, que falsificaba trámites jubilatorios de las categorías superiores del Poder Judicial, modalidad con la que hasta el momento habrían causado un perjuicio al Estado de más de 8 millones de pesos. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el titular del organismo, Mariano Cascallares (ver aparte).

En tal sentido, voceros judiciales indicaron ayer que entre los detenidos hay un funcionario del IPS, mientras que los otros cinco y el resto son “personas humildes y allegados de los organizadores de la banda, que prestaban sus nombres para obtener las jubilaciones truchas, a cambio de una pequeña suma de dinero.

También señalaron que los detenidos son Jorge Ariel Rodríguez Sueiro (42), empleado IPS La Plata; Marta Susana Cabrera (50), empleada doméstica de Mar del Plata; Obdulio Eduardo Petraglia (57), vendedor ambulante, analfabeto; Dominga Libertad Vaccaro, empleada doméstica; Guillermo Gabriel Cendoya (53), pintor; y Julio Héctor Di Jorgi (50), cortador de pasto.

También tienen orden de captura -pedida por el fiscal platense Jorge Paolini, con el consentimiento del juez Guillermo Atencio, no efectivizadas, porque los imputados tienen pedidos de eximiciones de prisión (denegadas y apeladas a la Cámara)- Ulises Valenti, jefe de mesa de entradas del IPS; Alejandro Avichelli, jefe de departamento del IPS, Gustavo Spaltro, empleado del IPS; Adriana Maisón, Mónica de Llanes; Alberto Witon, Alberto Rosell y Mario Pagano.

EL REQUERIMIENTO

En el dictamen fiscal se precisó que los hechos se cometieron entre 2013 y 2014, en La Plata, Brandsen y Mar del Plata, donde al menos cuatro personas con funciones en el IPS, habrían conformado una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado provincial, mediante la creación, en soporte informático, de beneficios jubilatorios falsos correspondientes al Poder Judicial.

Además se describió que la presunta banda de estafadores habría recurrido a terceras personas, de condición humilde, a cuyo nombre era creado el haber jubilatorio para las categoría mas alta del Poder Judicial (fiscal, juez de primera instancia y de Cámara) para poder retirar de distintas sucursales del Banco Provincia, y posteriormente repartido entre los empleados del IPS y los falsos beneficiarios.

Ese mecanismo destinado a estafar al Estado se concreto todo el 2013 y hasta noviembre de 2014.

“La nota característica -concluyó el fiscal- , que revela la pluralidad de planes delictivos, está dada por el hecho de que para consumar la defraudación los integrantes de la banda debieron contactar personas que no figuraban con aportes al IPS, luego convencerlos de que tomaran parte en cada una de las defraudaciones, lograr que les brinden sus datos personales y finalmente que concurran a la entidad bancaria a retirar grandes sumas de dinero, para su posterior reparto con los funcionarios infieles”.

También se afirmó que “para concretar estas maniobras los integrantes de la banda accedieron a las claves de acceso al sistema informático del IPS, asignados a distintos empleado de la repartición, con las cuales realizaron las operaciones necesarias para la creación de los beneficios apócrifos”.

En el pedido de detención, Paolini detalló que “la investigación permitió descubrir que la mayoría de los beneficiarios de las maniobras defraudatorias se encontraba vinculado con alguno de los empleados del IPS imputados”.

En el dictamen se detalló que por ejemplo el imputado Cendoya cobró 796.398 pesos de retroactivo y dos haberes mensuales de 46.861 pesos; Pagano 834.190 de retroactivo, y un haber de 46.861 pesos; Di Jorgi, 658.366 de retroactivo; Llanes 671.673, y un haber de 46.861 pesos; Rosell 879.117 pesos de retroactivo, y un sueldo de 46.387 pesos; Maisón 699.774 de retroactivo; Vaccaro 709.881 de retroactivo; Petraglia 712.914 de retroactivo; Cabrera 937.753 de retroactivo; y Witón retroactivo de 820.944 y un haber de 70.966 pesos.

De los seis detenidos dos declararon y los demás se negaron.

Voceros judiciales indicaron que una de las imputadas narró el momento en que concurrió a una sucursal del Bapro en Los Hornos, donde fue con un bolso. Y que allí empleados del IPS que la acompañaron recibieron y lo llenaron con unos 900.000 pesos, de los que sólo se quedó con mil.

También señalaron que la imputada dijo que no sabía que estaba pasando, que firmó muchos papeles y que por ello recibía dinero.

En tanto, otro imputado alegó problemas de memoria y que no recordaba parte de los sucedido, sólo que percibía algo de plata por entregar su DNI y firmar unos papeles.

Las fuentes agregaron que el caso tendría más maniobras similares, que se siguen investigando, en especial varias que se habrían cometido en Mar del Plata.