Investigarán a otros jefes policiales por el escándalo de las coimas

El fiscal Marcelo Martini, a cargo de la causa por los sobres con dinero (presuntamente de coimas que cobraría la Policía) hallados en la Departamental La Plata aseguró ayer que la investigación avanzará para establecer fehacientemente hacia dónde iban esas sumas y confirmó que seguirán investigando “hacia arriba, aunque sea muy complicado porque es un delito (la asociación ilícita) difícil de probar”. También trascendió que Asuntos Internos ya puso en la mira el patrimonio de los 10 policías imputados por la fiscalía.

En este expediente judicial que se abrió por los 153.700 pesos encontrados el 1 de abril en 36 sobres, en la Jefatura de 12 entre 60 y 61, fueron ordenadas 6 detenciones de jefes policiales, que están en suspenso porque queda pendiente a resolver en la Cámara Penal eximiciones prisión presentadas por la defensa de los imputados.

El fiscal había pedido diez detenciones y la jueza de Garantías Marcela Garmendia hizo lugar a seis.

“Sería importante que los imputados hablaran para saber a donde iba el dinero de los sobres”

Al respecto, Martini dijo ayer que “es lamentable que la jueza no haya consentido todas las detenciones que pedí”. Además destacó que “sería importante que los imputados hablaran” y dieran detalles sobre el origen del dinero y a quién estaban destinados los sobres.

Garmendia “me dio la detención de seis (acusados), que tenían pruebas evidentes de la participación del delito que se les imputa”, dijo el fiscal.

Las órdenes de detención fueron resueltas para el ex jefe de la Departamental, Darío Camerini; el ex segundo de esa dependencia, Roberto Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowsky y el ex jefe de calle, Ariel Huck.

La magistrada ordenó la misma medida para los comisarios Raúl Frare y Federico Máximo Jurado, quienes hasta el jueves pasado estaban a cargo de las comisarías decimosegunda (Villa Elisa) y decimosexta (Villa Ponsati).

Tras la decisión de la Justicia, el ministerio de Seguridad provincial desafectó a Frare y Jurado y a los comisarios Sebastián Velázquez, Julio Sáenz, Sebastián Cuenca y Juan Miguel Retamozo, a quienes el fiscal les pidió la detención, aunque la jueza las denegó. No obstante, fuentes de la Departamental dijeron anoche que “la desafectación no fue oficialmente comunicada, todavía.”

Camerini, Carballo, Huck, Skramowsky habían sido desafectados al inicio de la investigación, mientras que un hábeas corpus presentado por su defensa ante la Cámara de Apelaciones les permitió seguir en libertad.

La causa se inició el 29 de febrero, cuando una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de 200.000 pesos al mes, por coimas. Y que los encargados de las comisarías de la Región entregaban su “cuota” en sobres, el 1 día de cada mes. El 1 de marzo no se pudo hacer el procedimiento, que se concretó el 1 de abril.

Ese día, en las oficinas de la calle 12 se secuestraron 36 sobres con 153.700 pesos. En cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenía y su destinatario.

En el fallo, la jueza les imputó a los jefes policiales los delitos de “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”.

Según la magistrada, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 “un grupo de al menos seis policías integraron en forma organizada una asociación con el propósito de cometer delitos en el ámbito de la jefatura en la que prestaban servicios”.

Garmendia dio por acreditado que se recaudaba dinero en forma ilegal con la participación de policías de diferentes dependencias de la jurisdicción, “que luego lo entregaban a la jefatura departamental y lo distribuía de acuerdo a la jerarquía que ocupaban”.

La jueza destacó que “se les exigía dinero a comerciantes a cambio de seguridad”

En la orden de detención, la jueza aseguró que del operativo participaban 13 comisarías de La Plata y la división Patrulla Motorizada, “quienes solicitaban y exigían la entrega de distintas sumas de dinero a comerciantes, por ejemplo, a cambio de seguridad o funcionar sin habilitación o a personas para vender estupefacientes”.

Para Garmendia, los seis jefes policiales integraban una “organización con permanencia y estructura jerarquizada con férreas normas de funcionamiento interno donde el poder decisorio recae en la cúpula.”

El dinero que se les exigía a los comerciantes se obtenía “valiéndose del temor funcional que reviste el cargo policial” y detalló Garmendia que los ingresos de los jefes de las comisarías que iban a entregar los sobres con dinero “no se registraban en el libro de guardias de la Departamental”.

Cuando ocurrió el hecho, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, aseguró que “a diferencia de lo que sucedía antes, en la actual gestión se da lugar a las denuncias anónimas, lo que en este caso derivó en el inicio concreto de una investigación”.