Idas y vueltas en el Congreso nacional

En la órbita nacional, la instrumentación de los juicios por jurados ha tenido numerosas idas y vueltas. El último impulso lo dio Cristina Kirchner cuando todavía era senadora -durante la presidencia de su esposo- pero finalmente el proyecto que presentó la actual Jefa de Estado quedó archivado.

El funcionamiento del juicio por jurados integrados por ciudadanos comunes -tantas veces reflejados en el cine de Hollywood- es una vieja deuda parlamentaria: ya figuraba en la Constitución Nacional de 1853. Y aunque se registraron históricamente varios intentos, nunca se lo impulsó seriamente.

De hecho, el Senado nacional reavivó el debate en el 2004, en el marco de las masivas protestas contra la inseguridad encabezadas por Juan Carlos Blumberg, que desembocaron en el endurecimiento de la legislación penal. El juicio por jurados también formó parte del menú, al punto que en ese marco los senadores de Asuntos Constitucionales y de Justicia aprobaron un dictamen favorable. Pero nunca llegó al recinto y finalmente perdió estado parlamentario.

El proyecto disponía que el mecanismo debería aplicarse para juzgar los delitos penales graves -todos los castigados con un máximo de ocho años de prisión- que se sustancien en tribunales nacionales de Capital o federales de todo el país.

El proyecto que motorizó Cristina en su momento establecía que los juicios tendrían doce jurados titulares y seis suplentes. Podrían ser seleccionados todos los ciudadanos que figuraran en el padrón electoral, salvo los funcionarios públicos, los abogados y los ciudadanos inhabilitados judicialmente.

QUE DICE LA CONSTITUCION

El juicio por jurados -como se dijo- está previsto en la Constitución Nacional, pero nunca fue implementado. El modelo clásico es el de los Estados Unidos, donde los juzgadores son elegidos entre los ciudadanos habilitados. Ellos deciden tras un juicio oral si alguien es culpable o inocente. La pena, en cambio, la dispone el juez que controla todo el proceso.

En la Argentina, este sistema funciona desde 2005 en la provincia de Córdoba. El jurado se compone de ciudadanos comunes y jueces. Ahora, avanza en territorio bonaerense.