Los graves problemas de la educación argentina se reflejan en el Gran La Plata, en todos los niveles, a pesar de que contó desde sus primeros años con instituciones de gran prestigio: la Escuela Normal Mary O. Graham, nombre de su primera directora, que llegó al país desde Missouri, Estados Unidos, convocada por Domingo Faustino Sarmiento; el Colegio Nacional, revolucionario por su sistema pedagógico; y la Universidad Nacional de La Plata, cuyo primer presidente, Joaquín V. González, la concibió como un centro de avanzada en el que se ejerciera la libertad de opiniones. Pero décadas de reducción de los fondos destinados a la enseñanza han generado la crisis actual, que ha determinado que solo algunas escuelas, colegios y facultades mantengan la calidad que exige el mundo moderno; a ello se suma una politización partidista que ha generado un sectarismo visible en numerosos episodios. Conviene distinguir dos planos: la educación primaria y secundaria depende de la Provincia de Buenos Aires, mientras las universidades públicas son financiadas desde la Nación.
La falta de recursos de la provincia de Buenos Aires pesa sobre la educación preescolar, primaria y secundaria. En abril de 2026, las transferencias del Estado nacional por habitante a la Provincia alcanzaron 73.375 pesos, contra un promedio de 121.688 para el resto de las jurisdicciones: Buenos Aires recibe poco más de la mitad de esos fondos, pese a ser el distrito donde más se recauda.
Fiel a su tradición de ser tribuna abierta, en la que se reflejan diversas opiniones a veces contradictorias entre sí y sin desmedro de la posición editorial de este diario, a continuación se reproducen informaciones, datos y puntos de vista sobre la problemática educativa del país.
La base del sistema preescolar está tensionada por dos fuerzas opuestas. Por un lado, la Provincia decidió, por el Decreto 158/2026, que la sala de 3 años sea obligatoria en todo el territorio a partir de 2027, y el Estado queda obligado a garantizar las vacantes para el número de chicos que va a ingresar. En teoría el punto de partida es alto: el Censo 2022 registró que el 74,2% de los chicos de esa edad asistía a algún espacio educativo. Pero ese número no refleja del todo la realidad, porque considera cualquier espacio y no solo el jardín formal: una parte importante de la oferta de sala de 3 funciona fuera del sistema educativo, la cobertura real ronda el 55% y baja a cuatro de cada diez entre los chicos de los hogares más pobres.
Por el otro, la pendiente empuja en sentido inverso. Un informe del observatorio Argentinos por la Educación proyecta 1,2 millones de alumnos menos en el país hacia 2030, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza de la caída, con unos 510.000 menos. En La Plata el fenómeno ya se siente: los jardines, públicos y privados, registran matrículas en baja, y el promedio de alumnos por sección pasó de 23 en 2011 a 18,8 en la actualidad, al punto de que algunas instituciones empezaron a unir salas de 3, 4 y 5 años. La otra cara, persistente, es la escasez de vacantes en los maternales públicos de la periferia, sobre todo para los más chicos, que son los que más lo necesitan.
El nivel inicial cumple un rol clave en el desarrollo cognitivo, emocional y social, y es una de las etapas más eficaces para reducir desigualdades desde temprano. La evidencia internacional asocia el acceso a experiencias educativas tempranas y de calidad con mejores trayectorias escolares y más oportunidades en la adultez, según el informe de Argentinos por la Educación “Cobertura actual y proyectada para el jardín de infantes”. El mismo trabajo advierte que ampliar el acceso sin garantizar la calidad puede limitar esos beneficios, y subraya que la expansión debe acompañarse con mejoras en la formación docente, el clima pedagógico y las interacciones en el aula.
La crisis de la educación primaria se refleja especialmente en los establecimientos estatales, de los cuales siguen emigrando alumnos hacia los privados. Familias bajo la línea de pobreza eligen las escuelas parroquiales porque tienen más días de clase. La pobreza infantil sigue siendo alta, aunque viene bajando: la UCA la ubica en el 53,6% en 2025 (venía del 62,9% en 2023, medición multidimensional de 0 a 17 años), mientras que sobre datos del INDEC se estima en torno al 42,3% (ingresos, 0 a 14 años, segundo semestre de 2025). También crece el ausentismo: según Argentinos por la Educación, entre 2022 y 2024 los alumnos con más de 20 faltas pasaron del 26% al 30%.
La pobreza también empuja a muchos chicos fuera del aula. El trabajo infantil sigue siendo en la Argentina un drama con pocos datos: el último relevamiento oficial, la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes del INDEC, se procesó entre 2016 y 2017 y no se actualizó desde entonces. La OIT y Unicef estiman 138 millones de chicos en situación de trabajo en el mundo, 54 millones de ellos en tareas peligrosas. Buena parte de ese trabajo, doméstico, de cuidado de hermanos o de venta callejera, se esconde bajo la idea de “colaboración familiar”, pero termina interfiriendo con la escolaridad.
Ana María Borzone, investigadora del Conicet, sostiene que en la Argentina hace décadas se dejó de enseñar a leer y escribir de forma sistemática, y que el método global desplazó al fónico, dejando a muchos chicos sin las bases para comprender textos. Para el economista Alieto Guadagni, la escuela no logra quebrar “el círculo negativo de la reproducción intergeneracional de la pobreza”, ya que el nivel de conocimientos de los alumnos depende del nivel socioeconómico de sus padres.
Esa deuda arranca en la escuela primaria y condiciona todo lo que sigue. El mismo Guadagni grafica la trayectoria completa: de cada 100 chicos que entran a primer grado en la escuela estatal terminan el secundario alrededor de 30, mientras que en la privada lo hacen unos 70, y entre los que quedan en el camino predominan los más humildes; en provincias como Misiones o Santiago del Estero, los egresados de las estatales no superan el 10 o el 15%.
El último estudio ERCE de la Unesco (rendido en 2023 y difundido en 2025) muestra que el 39,8% de los alumnos de tercer grado no alcanza el nivel esperado en lectura y el 35,6% en matemática; en sexto grado el 65,5% no llega al nivel en lectura y el 83% en matemática.
El celular agrava el cuadro: más de la mitad de los alumnos reconoce que se distrae en clase con su propio dispositivo. La Provincia sancionó la Ley 15.534 (18 de septiembre de 2025, en vigencia desde el ciclo 2026), que prohíbe el uso de celulares en las escuelas primarias salvo con fines pedagógicos.
Según los educadores, la falta de motivación de los estudiantes es uno de los mayores problemas de la secundaria argentina: lo señala el 82,3% de los docentes en un estudio de la Asociación Conciencia y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que también ubica entre los problemas graves las inasistencias (73,8%), la falta de apoyo especializado, la ausencia de materiales pedagógicos y la percepción de exigencias académicas cada vez menores. La investigadora Ianina Tuñón sostuvo, en un reportaje de Ámbito Financiero, que buena parte de lo que la secundaria ofrece “a los chicos en parte les resulta ajeno”, con clases repetitivas y un currículo rígido que termina alejándolos de la escuela. En la misma línea, el especialista Juan Manuel Fernández Álves señaló que es habitual que los adolescentes se pregunten para qué sirve lo que aprenden: los cambios tecnológicos y culturales debilitaron la legitimidad del saber escolar, y muchos jóvenes no ven una relación directa entre terminar los estudios y mejorar sus oportunidades.
Los problemas se agravan en los colegios secundarios. El fin de la repitencia llegó a fundamentarse, en palabras del Director General de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, en que “el derecho de los estudiantes es estar en la escuela, el derecho no es aprobar”. Pero muchos docentes señalan que los alumnos que adeudan materias requieren una atención especial y que, como sus falencias no pueden ignorarse, se hace difícil cumplir con los tiempos que marca el cronograma escolar: el fin de la repitencia, en muchos aspectos, significó un paso atrás.
A la desvalorización social del maestro se suman los bajos salarios. En los secundarios el sistema no consigue suficientes profesores: cargos sin cubrir, suplencias cortas y materias clave como inglés, matemática y física sin docentes formados. El Día reveló un rasgo que distingue a la Argentina en la región: una proporción muy alta de docentes con contratos breves que trabajan en más de una escuela. Y, según Argentinos por la Educación, el país tiene 34 institutos de formación docente por millón de habitantes contra 0,5 de Francia: en proporción, casi setenta veces más, aunque la disparidad de programas y de exigencias hace que los maestros no siempre lleguen con la formación necesaria.
El cuadro es más dramático de lo que dicen las cifras: en muchas escuelas platenses, buena parte de los chicos vienen a comer. Antes de cualquier contenido, los maestros tienen que fijarse si comieron, y el aula se volvió a la vez comedor, refugio y espacio de contención, donde dar clase quedó como “apenas una parte del trabajo”.
La crisis del secundario la graficó el ex rector de la UNLP Ángel Plastino, que sostuvo que muchos jóvenes “intentan ingresar a la universidad con dificultades hasta para sumar”.
La frontera entre la escuela estatal y la privada se vuelve porosa al ritmo de la economía. Con la inflación y la suba de los aranceles, muchas familias platenses cambiaron de una escuela cara a otra más accesible, o pasaron directamente a las estatales, un movimiento que en la periferia también es notable. El sector privado respondió con planes “low cost”, con menos talleres y materias extracurriculares, para retener matrícula.
Sobre ese cuadro se montó un cambio de reglas: por el Decreto 787/2025 (noviembre), los colegios privados sin aporte estatal pueden fijar las cuotas sin autorización previa. Conviene una precisión local: en la provincia de Buenos Aires los aumentos los sigue avalando el gobierno bonaerense, de modo que la desregulación es nacional y la Provincia podría no sumarse. Los aumentos vienen siendo fuertes: en 2024 las cuotas bonaerenses acumularon alrededor del 73%. Un dato relativiza la idea de la privada como refugio acomodado: el Observatorio de la Deuda Social de la UCA estimó que el 29,4% de los alumnos de colegios privados del país está en situación de pobreza (segundo semestre de 2023).
Por ley, el gasto consolidado de la Nación y las provincias en educación no debería ser inferior al 6% del PBI; lo fija la Ley de Financiamiento Educativo de 2005 y el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional. Sin embargo, esa meta se cumplió una sola vez en veinte años, en 2015. Como la primaria y la secundaria son responsabilidad provincial, el grueso del gasto educativo lo ponen las provincias: cerca de 3 de cada 4 pesos, contra 1 de cada 4 de la Nación. Las universidades, en cambio, las financia la Nación.
Tras meses de reclamos y movilizaciones, el 10 de junio los rectores de las universidades nacionales acordaron con el gobierno un incremento de la masa salarial del 24,33%, un 20% para gastos de funcionamiento, 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y una actualización del 50% en las becas Manuel Belgrano. Los rectores firmaron, pero aclararon que el conflicto de fondo sigue: reclaman la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.
En varias universidades nacionales los salarios representan más del 80% del presupuesto. A ello se suman otros ingresos, como los de la Facultad de Ingeniería, de miles de millones de pesos.
El modelo de acceso también admite comparaciones. El profesor Marcelo Rabossi recordó, en un reportaje del portal 90 Líneas, que en Canadá, Estados Unidos y Bélgica casi la mitad de los egresados del secundario se vuelca al sector terciario no universitario, donde se forman sobre todo en áreas técnicas, y que en Chile esa elección la hace el 40% de los jóvenes. Su conclusión: hay que “resolver el prejuicio de universidad o el abismo”.
La deserción se concentra en los primeros años. Según estadísticas de la UBA, el 30% de los que se anotan en los cursos de ingreso ni siquiera los termina; la UNLP no escapa al problema, y el desgranamiento que empieza en el primer año se agrava en el segundo. Hay además un incentivo perverso: como el presupuesto de las universidades se reparte, entre otros factores, según la cantidad de alumnos, conviene exhibir muchos inscriptos aunque no estén activos, es decir, aunque no rindan al menos dos materias por año. Dirigentes estudiantiles como Matías Terpolilli (Franja Morada) atribuyen buena parte de las deserciones a la crisis económica. En poco más de una década la casa de estudios local pasó de unos 18.000 a casi 38.000 inscriptos por año, mientras los egresados quedaron en una meseta de entre 6.500 y 7.800. A esto se suma un reparo de fondo sobre cómo se mide la permanencia. En Abogacía, por ejemplo, el primer año tiene cuatro materias, y la Universidad da por “pasado a segundo año” al alumno que aprobó una sola de ellas. Pero la carrera completa, donde se aplican diferentes programas, tiene entre 28 y 30 materias: a ese ritmo, de una por año, harían falta casi tres décadas para recibirse. Por eso las altas tasas de permanencia que exhibe la Universidad conviven con tan pocos egresados: el umbral para figurar como activo es mínimo y no dice nada sobre el avance real del alumno.
El supuesto ingreso irrestricto es, en los hechos, una ficción: si la mitad de los jóvenes vive bajo la línea de pobreza y buena parte del resto arrastra los problemas de una formación primaria y secundaria deficiente, el porcentaje de los que pueden acceder en condiciones a las universidades es muy inferior a lo que se supone. Pero las universidades siguen atrapadas en la demagogia del supuesto ingreso irrestricto, sin medir el costo en instalaciones y en docentes y no docentes para atender a miles de estudiantes que no están preparados, un gasto que pagan con sus impuestos incluso quienes nunca podrán acceder a la universidad.
El Gobierno nacional y las universidades coinciden en ignorar las necesidades del país: no incentivan el ingreso a las carreras que el desarrollo económico requiere y que suelen ser, además, las mejor remuneradas. La industria del conocimiento fue el año pasado el tercer complejo exportador del país y, sin embargo, las carreras vinculadas a esas actividades están entre las de menos inscriptos. Los egresos por facultad, según el anuario de la UNLP, lo muestran con crudeza: Abogacía y Artes reúnen entre ambas unos 2.189 graduados, mientras que las carreras de informática e ingeniería suman 610 y Ciencias Naturales, clave para el desarrollo, apenas 129. En una columna en La Nación, el periodista Luciano Román advirtió que el ingreso a Ingeniería en Energía Eléctrica de la UNLP cayó un 10% entre 2019 y 2023 y que hoy apenas quince estudiantes cursan el último año de esa carrera, justo cuando el mundo acelera la electrificación. En esa misma columna, el vicepresidente de la Academia Nacional de Educación, Héctor Masoero, planteó la pregunta de fondo: “¿por qué no priorizamos el ingreso y los incentivos según lo que el país necesita?”, y aclaró que el punto no es achicar las humanidades, sino reforzar los sectores que traccionan la economía, de la energía y la minería al agro, el transporte y la tecnología.
El desajuste entre lo que se estudia y lo que el mercado demanda no es solo argentino. En España, según rankings que cruzan datos del INE, las carreras de Ciencias de la Salud e Ingeniería encabezan la inserción laboral, con tasas de empleo por encima del 90% a cuatro años de egresar, mientras las de Humanidades y Artes quedan al fondo, con más desempleo y peores salarios.
La conducción de la Universidad es la de Fernando Tauber, rector o vicerrector de la UNLP desde 2010, elegido el 11 de abril de este año rector para el período 2026-2030 por unanimidad de los 270 integrantes de la Asamblea Universitaria, un hecho inédito en los más de 120 años de la casa de estudios: un mérito que no puede negarse. En el discurso de asunción sostuvo que “el que no está de acuerdo con los consensos básicos no tendría que estar aquí”, frase que admite distintas lecturas, sobre todo porque las agrupaciones estudiantiles libertarias afirman que no pueden hacer proselitismo con la misma libertad que el kirchnerismo o Franja Morada, y en octubre de 2024 una charla con dirigentes de La Libertad Avanza fue impedida con incidentes en la puerta de la Universidad.
Esa conducción está alineada con el kirchnerismo. En noviembre de 2015, pocos días antes de la elección presidencial, se publicó en El Día un aviso pago que respaldaba la fórmula Scioli-Zannini, firmado por el entonces rector Raúl Perdomo, el vicerrector Tauber y todos los decanos salvo la de Medicina, Ana Lía Errecalde; entre los firmantes estaba Martín López Armengol, designado rector en 2023. La solicitada motivó que el Foro Reformista, integrado por profesores y ex profesores, expresara su “sorpresa y desagrado” y recordara que la universidad pública, sostenida por el esfuerzo de toda la sociedad, no es patrimonio de ningún partido.
En la edición del 4 de junio de este año, un artículo sostuvo que en la UNLP “está prohibido discutir el ingreso directo”, lo que motivó respuestas de varios decanos que El Día reprodujo en los días siguientes. Desde Ciencias Jurídicas y Sociales, su decana Valeria Moreno negó que existiera censura y reivindicó el ingreso directo como un principio de la Reforma de 1918.
A esa respuesta se sumaron, en los días siguientes, las de otros decanos de universidades, que el diario publicó en sus páginas de Opinión. Escritas por separado y desde disciplinas distintas, coincidieron en defender el ingreso irrestricto como una conquista de la Reforma Universitaria de 1918. Coincidían, también, en que el debate no puede reducirse al solo momento del ingreso. El Día dio lugar a todas esas posiciones, fiel a su condición de tribuna abierta.
Durante la polémica entre el gobierno nacional y los rectores, funcionarios del Poder Ejecutivo sostuvieron que era imprescindible auditar las cuentas de las universidades, porque había gastos que no podían justificarse.
Mucho antes de ese debate, periodistas de El Día empezaron a investigar los ingresos de las facultades que crearon fundaciones con el mismo nombre que la facultad. La pista inicial fue un sistema para medir y cobrar el estacionamiento de autos, que la UNLP provee a decenas de ciudades del país y del exterior y sobre cuyos convenios nunca se obtuvo información completa. La ley exime al Estado nacional, las provincias y los municipios de llamar a licitación cuando contratan a las universidades: por esa vía, la casa de estudios de La Plata consiguió la auditoría técnica de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz, cuyas obras están a cargo de empresas chinas. El rectorado cedió la ejecución de ese convenio a la Facultad de Ingeniería, que a su vez la delegó en su fundación. Cuando se pidió el detalle, la fundación se negó a informar el conjunto de sus ingresos, y los periodistas recurrieron a la justicia. El convenio está vigente desde 2015, pero los datos obtenidos a pedido del diario van de 2020 a 2025: se trata de ingresos de miles de millones de pesos.
Los problemas de la educación preocupan solamente al 5% de los argentinos, según un informe de Argentinos por la Educación basado en datos de Latinobarómetro y la Universidad de San Andrés: otros seis temas aparecen como más prioritarios. Y sin embargo, cuando se pregunta por la propia escuela, la mirada cambia: un relevamiento de la UCA de 2023 mostró que 9 de cada 10 familias consideran buena o muy buena la educación de sus hijos. Esa distancia entre “el sistema está mal” y “mi escuela está bien” explica por qué no hay una demanda social fuerte por reformar. La satisfacción con la política educativa, en cambio, sigue siendo una de las más bajas entre las áreas de gestión: rondó el 28% en marzo de este año y no superó el 35% en ningún momento desde la pandemia.
La exigencia de que mejore el sistema crece en los sectores de mayor poder adquisitivo, a pesar de que quienes más dependen de la escuela pública para progresar son los que, aparentemente, menos importancia le dan. Sin embargo, son los más afectados cuando un establecimiento tiene pocos días de clase: además de que los chicos no logran aprendizajes básicos, las familias que trabajan se quedan sin dónde dejarlos.
En un plano más amplio, el avance de la inteligencia artificial encendió una alarma entre los propios matemáticos: en junio de 2026, un grupo internacional respaldado por la Unión Matemática Internacional firmó la Declaración de Leiden para advertir sobre los riesgos de la IA para la disciplina, la demostración, la atribución y la verificación independiente de los resultados. Esa alarma se vuelve más urgente en el aula, donde la inteligencia artificial amenaza con liquidar la enseñanza misma de la matemática: cuando resolver un problema se reduce a pedírselo a una máquina, deja de aprenderse lo esencial, razonar, demostrar y comprender, justo aquello que las pruebas ya muestran como lo más flojo de nuestros alumnos.
Personas referidas, autoras de las cartas y columnas reproducidas, y mencionadas en las notas que integran este informe.
El sistema educativo se discute entero: de la sala de primer grado al examen de ingreso, del salario docente al control de los fondos públicos.
El diario El Día mantiene abiertas sus páginas para que se expresen todas las voces sobre la situación de la educación, en la Ciudad, la Provincia y el país. Quienes deseen participar pueden enviar su material al WhatsApp 221 477-9896.