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Familiares de víctimas del delito reclaman jury a la Corte

Junto al intendente de San Isidro, rechazaron el respaldo de un grupo de magistrados al juez Sal Lari, quien será juzgado por la excarcelación de imputados en delitos graves

28 de Mayo de 2010 | 00:00


Una dura carta fue presentada a la Suprema Corte de Justicia bonaerense por parte de vecinos y familiares de víctimas de homicidios y delitos de San Isidro, así como del intendente de ese distrito, Gustavo Posse, en la que ratificaron su posición en favor del enjuiciamiento del cuestionado juez de Garantías Rafael Sal lari, contra quien se llevará adelante un jury por la concesión de excarcelaciones de imputados de graves hechos delictivos.

Luego de que un grupo de magistrados de ese Departamento emitiera un documento en marzo pasado cuestionando el enjuciamiento a Sal Lari, y planteando “la existencia de una amenaza constante de disciplinar a aquellos jueces que no adecuen sus resoluciones a la presión, los humores y la opinión del momento”, los vecinos de San Isidro, junto a Madres del Dolor y otras entidades intermedias víctimas de violencia, rechazaron la instalación de la idea de que el enjuiciamiento de sus pares se debió a una persecución por decisiones jurisdiccionales y políticas, planteando la existencia de una “amenaza constante de iniciarse procesos para disciplinar a aquellos Jueces que no adecuen sus resoluciones a la presión, los humores y opinión del momento”.

“Creemos firmemente que el juicio político que se pretende, lejos de constituir una ´persecución´ o ´amenaza´, es la herramienta idónea, además de ser la única constitucionalmente establecida, para evaluar el accionar de un juez y, si corresponde, separarlo del cargo, fortaleciendo así a las Instituciones en general y al Poder Judicial en particular, fortaleciendo éste la credibilidad y confianza de la sociedad con la que ineludiblemente debe contar”, reza la carta presentada al máximo tribunal.

La nota recuerda también que Sal Lari será juzgado por imputársele “mal desempeño de sus funciones, en razón de dejar reiteradamente en libertad a delincuentes cuya peligrosidad no escaparía al más incauto de los ciudadanos y que luego, gozando de la libertad dispuesta por este Magistrado, volvieron a cometer crímenes aberrantes como lo fue, entre otros, el asesinato del Ingeniero Carlos Regis, tal como lo confirmó el Tribunal Oral 2 de San Isidro condenando a los mismos a la pena de prisión perpetua, ordenando además, que se forme una nueva causa para investigar si uno de los imputados pagó una suma de dinero y a quién para obtener su excarcelación”.

DURAS CRITICAS

El grupo de vecinos, entre quienes se encuentran familiares de casos resonantes como el del policía Aldo Garrido y el ingeniero Carlos Regis, hizo hincapié además en que la manifestación que esos magistrados realizaron en contra de los enjuiciamientos, y en la “defensa corporativa” que realizan los jueces para “constituir un escudo de impunidad para los magistrados acusados de mal desempeño, tratando de evitar la igualdad ante la ley que debe existir para todos los ciudadanos”.

Anselmo Oneto, uno de los representantes del grupo, afirmó que el documento emitido por esos jueces de San Isidro, “pretende influir en el presidente del Jury, uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia a la que está dirigida la nota, invocando para ello su carácter de Jueces”.

Y aseguraron: “No abrigamos otro interés que el de contribuir humildemente a contar con mejores condiciones cívicas para construir una sociedad más justa y segura. No buscamos venganzas ni resarcimientos de ningún tipo”.

En diálogo con este medio, Oneto afirmó que la idea de las distintas organizaciones de la comunidad que se abocan al tema es “estar encima para que el designado instructor tenga todas las herramientas para tomar la decisión que tenga que tomar”, y resaltaron que “no hay un disconformismo con los jueces, sino que creemos que esta persona no está actuando para el bien común. Porque sus acciones y sus decisiones destruyen familias”.

A la denuncia realizada por miembros de la comunidad contra Sal Lari, muchos de ellos familiares de víctimas de casos en los que se verían involucradas excarcelaciones determinadas por el magistrado, se sumaron las realizadas por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y otra del subsecretario de Seguridad, en ese momento diputado provincial, Guido Lorenzino.



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