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Mantienen en la Ciudad casi 2 mil inmuebles "intocables"

Son considerados "patrimonio arquitectónico". Hay cuatro categorías. Algunas tienen restricciones totales y otras parciales, en un marco de normas ambiguasEl catálogo completo

22 de Julio de 2010 | 00:00

Un total de 1.820 inmuebles permanecen desde hace cuatro años catalogados como parte del “patrimonio arquitectónico” de la Ciudad y alcanzados por una normativa que impone restricciones para su remodelación y/o demolición. Conocidos genéricamente como los “inmuebles intocables”, esos edificios están clasificados, en rigor, en cuatro categorías que permiten distintos niveles de “intervención”, aunque los propietarios de esas construcciones -en su gran mayoría, casas particulares-, deben pedir en cada caso autorización para realizar cualquier tipo de modificación; circunstancia en la que se les dirá puntualmente qué pueden hacer y qué no, en un marco de disposiciones genéricas y por tanto ambiguas.

SIN COMPENSACION

En ese contexto, por la inclusión del inmueble en ese catálogo no se concede a su propietario una compensación económica, como ocurre en otras ciudades del mundo con los bienes declarados “patrimonio” de la comunidad.

No hay compensación, por caso, para el hecho de que, al restringir fuertemente la posibilidad de “tocar” la unidad, se generan dificultades para su venta o cambio de finalidad y, consecuentemente, eventuales perjuicios económicos. Y tampoco se otorgan fondos para aplicar al mantenimiento de los inmuebles, pese a que su preservación resulta en muchos casos sustancialmente costosa por la vetestud de materiales y estructuras -como los balcones- y la existencia de antiguos elementos artísticos, como molduras y ornamentaciones.

Sólo está previsto, en ese sentido, la exención de los derechos de construcción en caso de que se autoricen reformas; y de la tasa SUM en un 100% para las 40 unidades totalmente “intocables” y del 50% para la gran mayoría de los inmuebles (más de 1.500); “incentivo” éste condicionado a que “se use en la conservación” de la unidad, sin que se defina cómo se controlará esa aplicación.

Quizás por la ausencia de compensación, la normativa tampoco obliga a los propietarios de estas unidades que integran, según el catálogo, el “patrimonio arquitectónico” platense, a evitar su deterioro; existiendo, de hecho, un alto grado de abandono de muchos inmuebles que genera inclusive peligros de derrumbes y el riesgo de que la demolición sea en breve la única alternativa.

HISTORIA

Esta situación se inició en octubre de 2006, cuando el entonces intendente Alak firmó el decreto 1.579, con el que aprobó un catálogo de 1.826 inmuebles considerados “patrimonio arquitectónico”, clasificados en cuatro categorías que autorizan diferentes niveles de posibles modificaciones en los edificios, y que se detallan más abajo.

La misma norma dispuso que se abriera un “registro de oposición”, que generó numerosas presentaciones de propietarios que objetaron la inclusión de sus inmuebles, así como otros podían solicitar la incorporación. Pero, aunque algunos de esos recursos fueron resueltos a nivel individual, la norma daba al catálogo carácter de “pre-inventario” y preveía la posterior confección del listado definitivo. Y esa tarea nunca se realizó.

En ese marco, en setiembre de 2008 el actual intendente Bruera emitió el decreto 1.592. Fundada en que se había cerrado el registro de oposición “sin darse respuesta a las presentaciones”, y existía una consecuente “falta de reglas claras”, esa norma flexibilizó y agilizó el trámite de pedidos de autorización de obras en los inmuebles incluidos en las categorías que abarcan a la gran mayoría de esas unidades (unas 1.700), y que son casi en su totalidad viviendas particulares.

LAS TOTALMENTE INTOCABLES

En tanto, estos inmuebles están clasificados, como se dijo, en cuatro categorías que disponen distintos niveles de “protección” de las unidades.

La categoría de “Protección Integral” alcanza a 40 edificios que son absolutamente “intocables”. No se pueden introducir en ellos cambios en el exterior ni en su volumen, mientras que en su interior se deben mantener la disposición y el aspecto de los espacios principales y conservar su ornamentación.

Figuran en esa lista los grandes edificios públicos (la Gobernación, la Legislatura; el Palacio de Tribunales y el Banco Nación, entre otros); la Catedral, la Curia y varias iglesias; los edificios de varias facultades, como Ingeniería, y de escuelas, como el Liceo Víctor Mercante y el Nacional. E incluye otras construcciones públicas “menores”, como las casillas de madera del Zoológico y la casa de madera del Parque Saavedra.

Pero esta categoría incluye también algunos edificios de propiedad privada, como la Casa Curuchet, el ex Jockey Club, el Automóvil Club y la casa de Ricardo Balbín.

LAS CASI INTOCABLES

La categoría de “Protección Estructural” alcanza a 168 inmuebles que son “casi intocables”. En ellos se deben conservar intactos su composición, volumen y fachada y sólo se pueden realizar modificaciones en el interior siempre que “se mantenga el orden arquitectónico original”. Figuran en esa lista algunos edificios públicos, como el Registro de las Personas y los hospitales Gutiérrez y San Martín. Pero la mitad de ellos son de propiedad privada y corresponden a viviendas, comercios, hoteles, instituciones y clubes.

RESTRICCIONES VARIABLES

La categoría de “Protección Contextual” es la más numerosa. Alcanza a 1.400 inmuebles, casi en su totalidad de propiedad privada y en su mayoría destinados a vivienda. Son definidos como unidades que no tienen valor de “patrimonio arquitectónico” por sí mismas sino por “su contribución a la identidad del área” en que se encuentran. Por eso, las restricciones de obras están vinculadas a mantener ese “aporte al contexto”, de modo que, en términos generales, se deben conservar las fachadas pero se pueden introducir cambios en el resto del inmueble.

No obstante, se admiten otras variantes más “drásticas” en esa categoría, según el caso. Por ejemplo, en ese listado figuraba el edificio del Colegio de Médicos de la Av. 51 entre 9 y 10, cuya demolición fue autorizada -previo informe en favor de esa medida de los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros-, para la construcción de un edificio de altura “que respete los elementos condicionantes del paisaje heterogéneo de la manzana” y adyacencias, donde hay edificios de más de diez pisos y está el Teatro Argentino.

La cuarta y última categoría prevé una “Protección Cautelar” de los inmuebles. Se trata de 212 edificios privados, en su mayoría utilizados como viviendas, que no tienen valor histórico ni arquitectónico ni aportan a la “identidad de un área”, pero que son linderos a edificios “intocables” o “casi intocables” (Integrales o Estructurales). Esas unidades pueden ser pasibles de restricciones variables, desde la exigencia de mantener toda la construcción hasta permitir que sólo quede en pie la fachada. Pero, según el caso, también es posible que se autorice su demolición para la construcción de un nuevo edificio siempre que no sobrepase determinada altura.

MECANISMO PARA "TOCAR" LOS INMUEBLES

Una clave de la actual situación es que, a partir de esas definiciones genéricas sobre los niveles de restricciones fijados para cada categoría, cualquier cambio que se pretenda introducir en los 1.600 inmuebles alcanzados por las categorías de Protección Contextual y Cautelar -desde una remodelación hasta su demolición para la construcción de una nueva edificación, obliga a tramitar la autorización respectiva.

El decreto 1.592 del 2008 dispuso, en ese sentido, que los pedidos de modificaciones en esos inmuebles deben ser presentados ante la Municipalidad, donde son evaluados -y autorizados o denegados- por las direcciones de Planeamientos y Obras Particulares.

En esa misma norma se dispuso, además, la creación de una Comisión de Evaluación de Bienes Inmuebles a Preservar (Cebip), que deberá estar integrada por los colegios profesionales y las instituciones empresarias y sociales ligadas al sector de la construcción, así como las facultades de la Universidad afines, y que hasta ahora no se ha conformado. Su misión es, fundamentalmente, formular junto con el Ejecutivo municipal un proyecto del inventario final de edificaciones del “patrimonio arquitectónico” que se elevará al Concejo para su aprobación.

La integración de esa comisión, según trascendió en los últimos días, se definiría en las próximas semanas, previéndose que su tarea finalice hacia fines de año.

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