Hacia un acuerdo económico y social

Twitter: @mnspezzapria

Vertiginosos. Así fueron los primeros días de Macri como Presidente. Y eso no se juzga sólo por la intensidad de su agenda cotidiana, sino especialmente por la cantidad de decisiones resonantes que adoptó el nuevo gobierno en una semana. No es un accionar propio de un país normal, con rumbo establecido, sino de uno que experimenta un giro político y económico.

Eso es, justamente, lo que está sucediendo en la Argentina sobre el final de un año trajinado, dominado por el fragor electoral, que asistió a los estertores del kirchnerismo con una economía estancada y con humores sociales caldeados, que le costaron el poder al peronismo gobernante desde 2002. Macri terminó siendo un emergente de ese cansancio colectivo, además de liderar un movimiento que cobró fuerza en la clase media.

Por eso mismo -y no por el “escudo mediático” que denuncian sectores ligados al gobierno anterior- es que Macri cuenta ahora con el respaldo necesario como para encarar reformas drásticas. Una de ellas, la más importante hasta el momento, fue la apertura del cepo cambiario, que se realizó no sin incertidumbre pero con éxito inicial.

En efecto, el hecho de que el dólar libre haya concluido la semana con una cotización debajo de los 14 pesos es un síntoma de que la nueva administración despierta confianza no sólo entre los ahorristas, sino también entre los grandes operadores del mercado cambiario. El acuerdo con las cerealeras resultó clave para despejar el fantasma de una corrida.

A tal punto, que en los primeros dos días de operaciones con un tipo de cambio único, las liquidaciones de las cerealeras –por unos 800 millones de dólares- no fueron utilizadas por el Banco Central para intervenir en el mercado sino en una parte muy poco significativa. La coordinación entre ministro Prat Gay y el titular del BCRA Sturzenegger fue muy aceitada.

Tal vez para sacudirse los nervios, el ministro de Finanzas se preguntaba en las últimas horas hasta cuándo les durará la buena sintonía, habida cuenta de los históricos desencuentros entre el Banco Central y el Palacio de Hacienda en la Argentina. Prat Gay confesó además que el más calmado de todos en el gobierno con la apertura del cepo era el propio presidente Macri.

Tanto es así, que el flamante jefe de Estado los emplazó a ejecutar la medida el lunes pasado, cuando todavía Prat Gay, Sturzenegger y sus respectivos equipos no habían reunido todas las condiciones necesarias para implementarla. Pero Macri se presentó en una conferencia de la UIA y allí anticipó –con Prat Gay a su lado- que el cepo se levantaría esa misma “semana”.

La confianza que irradió el Presidente a los industriales fue manifiesta. Claro que para que se lograra esa empatía ayudó la eliminación del 5 por ciento de retenciones a las exportaciones del sector, un tributo que llevó a decir al presidente de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, que junto a los autos, se estaban “exportando impuestos”. El magnate italiano es adherente de Cambiemos.

Pero igualmente Macri les dejó a los empresarios una clara advertencia para que no subieran los precios en forma indiscriminada. Un mensaje similar les había dirigido a los productores agropecuarios luego de anunciar la eliminación de las retenciones para la mayoría de los cultivos, a excepción de la soja. A ellos les pidió que paguen los impuestos que corresponden.

EL IMPACTO

Por cierto que las medidas económicas tienen consecuencias sociales. La más visible de ellas, en esta oportunidad, es un deterioro en el poder adquisitivo de los asalariados, equiparable al porcentaje en que se devaluó el peso frente al dólar. Por eso gremios de diversos sectores de actividad reclaman que se pague un “bono de fin de año” como mecanismo compensatorio.

Y lo hacen también en base a los aumentos de precios registrados desde noviembre pasado, en una espiral que mezcla elementos estacionales como factores políticos y expectativas económicas. El nuevo gobierno no emitirá ningún decreto para instaurar ese bono, pero tampoco se niega a que haya negociaciones por empresa. Y tiene la mira más elevada.

Esto es, el impulso a un acuerdo económico y social que empiece a gestarse desde los primeros días de 2016 para que tanto empresarios como trabajadores discutan precios y salarios en condiciones de equilibrio, sin desmesuras que afecten la recuperación de la economía que busca el gobierno, tras cuatro largos años de recesión y estancamiento.

Aunque no será una tarea sencilla, a juzgar por los aprontes para la “resistencia” que inició una parte del peronismo, el referenciado en Cristina Kirchner y también en Daniel Scioli. La ex presidenta mandó a los suyos a marchar a la plaza del Congreso y el ex gobernador hizo una arenga previa a diputados y senadores del FpV, que luego se unieron a los manifestantes.

Tras muchos años de difícil convivencia, Cristina y Scioli parecen haber conseguido la fórmula para actuar en tándem, en la búsqueda de bloquear a otros dirigentes que se quieren quedar con el PJ luego de la derrota electoral que ellos protagonizaron. De hecho, ya instruyeron al apoderado Jorge Landau para que apure la convocatoria a un congreso partidario en febrero.

Ese congreso debería ponerle fecha a una elección interna para elegir a las nuevas autoridades partidarias, pero en rigor el objetivo de la ex presidenta es ungir ella misma al titular del PJ y, en lo posible, ubicar allí al propio Scioli. Así, dejaría contentos a los gobernadores y evitaría que el partido ingrese en una fase de autocrítica, que la dañaría en términos políticos.

Afuera de esa jugada quedarían algunas figuras como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien viene tomando distancia del kirchnerismo. Tampoco ingresarían al PJ otros dirigentes como Sergio Massa o José Manuel de la Sota, fortalecidos tras su experiencia electoral. Y menos aún, referentes del PJ federal como el puntano Adolfo Rodríguez Saá.

EL PRIMER ERROR

Justamente, al senador por San Luis y a otros colegas de la Cámara alta, el presidente Macri les prometió “corregir lo que haya que corregir”, luego de haber nombrado “en comisión” a dos jueces de la Corte. Se trató del primer error político de magnitud por parte del nuevo gobierno.

La equivocación no consistió en la selección de los aspirantes a completar la Corte -los prestigiosos Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz- sino en haber avalado la sugerencia del asesor legal Jorge Rodríguez Simón -a quien apodan “Pepín”- que marcó un camino jurídico posible, pero que dejó a un lado la negociación política indispensable en estos casos.

Pese a los rumores previos, fue el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien le facilitó a Macri una salida intermedia, para que los jueces designados no juren hasta febrero próximo, una vez que se abra el proceso de verificación pública de sus antecedentes. Para que luego, desde marzo, el Senado trate sus pliegos. Pero las resistencias siguen siendo muy fuertes.

Por caso, la jueza de la Corte Elena Highton brindó por Montesquieu -el emblema ideológico de la división de poderes- en un encuentro de fin de año de la Asociación de Magistrados, mientras que el bloque de senadores del FpV emitió un comunicado en el que anticipó que no prestará su aval a los nuevos jueces si juran antes de ser ratificados por la Cámara alta.

En el vértigo de sus primeros días como Presidente, Macri ya debe haber tomado nota de que algunas decisiones requieren de un tiempo de maduración política, más allá de los consejos técnicos de sus asesores. En el sentido contrario, su llamado telefónico al Papa Francisco para felicitarlo por su cumpleaños fue un gesto propio de un jefe de Estado, con visión amplia, después de que se hablara tanto de posibles desencuentros con el Vaticano.

De las tensiones entre esas dos caras, surgirá el verdadero rostro de la presidencia de Macri.