Un barrio que vivió con angustia y miedo casi 20 días de usurpación

Durante 19 días y 18 noches, la incertidumbre, el miedo y una “guerra de nervios” alimentada por infinitos trascendidos fueron los comunes denominadores dentro y fuera de los campos de Abasto ocupados por centenares de familias, ayer desalojadas por orden judicial.

El domingo 19 de abril pasado, cuando las primeras carpas y casillas de la usurpación se desplegaron entre invernáculos cariados por el granizo, nadie presagiaba que la movida se prolongaría tanto tiempo ni implicaría a tantos vecinos, dirigentes, comerciantes y funcionarios.

La logística del desembarco -contaron en el barrio- no fue muy diferente de la observada en casos similares: camionetas de alta gama con materiales llegaron a primera hora y los “lotes” tomados fueron distribuidos con velocidad fulminante. Previamente, actuando como punta de lanza, un grupo de jóvenes hizo correr la voz de que los campos eran fiscales.

En pocos días, más de doscientas personas -muchas de ellas con necesidades urgentes -se asentaron, cercando sectores donde los pastizales crecen bajo el plástico agujereado de viejos invernáculos en desuso y la intemperie carcome sus postes de madera.

Ese mismo día, se escucharon las quejas de los iniciales damnificados: pequeños arrendatarios que en el lugar producen morrones, cebolla de verdeo, lechuga y puerros, y fueron, según sus testimonios y los de sus representantes legales, “violentamente desplazados”. Rosa, una mujer boliviana que reside en nuestro país desde hace seis años y envía a sus hijos a una escuela pública de la zona, debió dejar atrás su espacio y sus herramientas: “no estamos nada bien, éste era hasta ahora un lugar de gente trabajadora, tranquilo y sin problemas”.

Inés González, abogada de uno de los productores en procura de recuperar sus parcelas, consideró el panorama como “desalentador; la gente ya no sabe si podrá afrontar los alquileres, porque le han destruido los invernaderos y sacado gran parte de la próxima cosecha”.

NOCHES “calientes”

En las noches siguientes, las versiones acerca de detonaciones, amenazas, grescas entre los usurpadores por el reparto y la venta de parcelas, y hechos de inseguridad se convirtieron en moneda corriente entre los vecinos de los barrios consolidados.

En ese contexto, la entidad que nuclea a los horticultores de la Región pidió que “las autoridades resuelvan pronto este conflicto, para que los vecinos recuperen la calma y los trabajadores vuelvan a producir en la tierra que les fue usurpada”.

Con las idas y vueltas de la puja judicial que ayer terminó en desalojo, la cantidad de ocupantes de los terrenos se multiplicó; organizados en asamblea, realizaron un censo interno que arrojó como resultado la presencia de unas 1.300 personas, “todos de la zona”, según los referentes, en abierta contradicción con lo expresado por los vecinos.

Tras desmentir tajantemente que existieran transacciones internas, los ocupantes declararon que actuarían “por todos los medios” para evitar una expulsión, y respaldaron su advertencia cortando en reiteradas oportunidades la avenida 520, con piquetes y quema de cubiertas.

Ayer, cuando la tensión entre los efectivos policiales y los ocupantes munidos con palos y piedras alcanzó sus niveles máximos, los vecinos de los barrios aledaños se “atrincheraron” en sus casas por miedo a las consecuencias de una batalla campal. En tanto que muchos de los comercios del barrio ayer tenían sus persianas bajas.

Sin embargo, reconocieron que no se produjeron múltiples hechos delictivos contra bienes o propiedades ubicadas fuera del inmenso campo de la discordia, del orden de los que ocurrieron, por ejemplo, en la violentísima toma que se registró en 36 y 148 de San Carlos en agosto de 2012.

En esa oportunidad, en la que el juez Luis Arias también intentó frenar el desalojo, se sucedieron enfrentamientos armados, saqueos, arrebatos, cobro de “peajes” y suspensión de clases en dos jardines de infantes.