La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró hoy un "regalo" el anuncio de la apertura de los archivos sobre la última dictadura del Episcopado, el Vaticano y la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, aunque indicó que es "relativa" la expectativa de encontrar información sobre nietos apropiados.
"Ahora comienza un camino de búsqueda en el que puede haber o no datos sobre adultos víctimas de asesinatos y, también, en manos de quiénes la Iglesia puso a nuestros nietos robados", afirmó Carlotto, tras señalar que la jerarquía de la Iglesia tuvo "un rol nefasto de complicidad" con la dictadura cívico militar.
En declaraciones formuladas esta mañana a una radio, recordó que desde "hace años" Abuelas de Plaza de Mayo, que este mes cumple su 39 aniversario, solicitaba la desclasificación de los archivos durante la época del terrorismo de Estado en la Argentina y puso como ejemplos a "Estados Unidos, la CIA, el Pentágono, la embajada norteamericana" y también los países que recibieron a los exiliados como Francia e Italia.
En ese marco, destacó el apoyo que recibieron las Abuelas de parte del titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor José María Arancedo, y la visita que le hicieran este año al papa Francisco representantes de la institución para saludar su llegada a la Santa Sede y solicitar formalmente la desclasificación de los archivos del Vaticano.
"Queremos encontrar respuestas a la angustia de familiares que quieren recuperar los cuerpos de las víctimas de la dictadura y, las Abuelas, rastros de nuestros nietos. La Iglesia ayuda a promover la verdad desde el Vaticano y también ayuda a que, quien tiene información, la cuente", afirmó Carlotto.
En este sentido, destacó la importancia de acceder a archivos secretos porque, entre los militares, "el silencio es absoluto y hay clausura de sus bocas" y las fuerzas policiales "mantienen un silencio corporativo".
También, se refirió a las medidas tomadas por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en torno a la separación de 2.300 efectivos policiales involucrados en delitos de corrupción y la reforma del Servicio Penitenciario Provincial, con la baja de 132 oficiales.
"Supongo que la gobernadora tomó la decisión con conocimiento de causa y habrá roto quizá una célula enorme de corrupción", planteó Carlotto y entendió que que, si los ciudadanos comunes saben "de las coimas y el enriquecimiento", resulta "correctísimo que un gobierno tome medidas con elementos probatorios de quién es quién en esa fuerza y se llegue a una conclusión correcta por el camino de la justicia plena".
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