El importante incremento en la provincia de Buenos Aires respecto del año pasado de la cantidad de donantes efectivos y multiorgánicos anunciado por el Cucaiba (Centro Unico de Ablación e Implante), constituye una cabal y valiosa evidencia del avance que experimenta este tipo de operaciones.
Según se indicó, los indicadores sobre la actividad de obtención de órganos y de realización de trasplantes en los últimos años señalaban un periodo de “amesetamiento”, habiéndose puesto en marcha un plan para incrementar la donación de órganos. Entre los programas impulsados se concretó la creación de las llamadas unidades descentralizadas de procuración de órganos, tales como las ya instaladas en Olavarría y Bahía Blanca, considerados puntos estratégicos en la provincia de Buenos Aires.
Tal como se informó en este diario, en los primeros ocho meses del año el Cucaiba logró alcanzar el 89 por ciento de donantes efectivos, que permitieron concretar con éxito el trasplante, cifra que supera en un 12 por ciento al año anterior.
A rasgos generales correspondería señalar que, además de las cadenas de solidaridad que suelen conformarse ante las emergencias que se presentan y de actitudes individuales que, por su generosidad, ennoblecen a la condición humana, es verdad que se ha registrado en la sociedad de nuestro país un evidente avance hacia el logro de una cultura comprensiva de este tipo de operaciones.
Para ello confluyen el influjo de leyes que resultaron positivas y, desde luego, el notable progreso de la medicina. No hace mucho se reflejaron en las páginas de este diario las conclusiones surgidas de informes oficiales, según los cuales se observa un incremento de distintos tipos de intervenciones quirúrgicas, pero en especial de trasplantes y otras operaciones de alta complejidad tales como las cardiovasculares o de reimplantes.
Corresponde señalar, asimismo, que no existen dudas acerca de que la sanción en 2006 de la ley nacional del donante presunto, según la cual todo ciudadano mayor de 18 años se considera donante a menos que declare su intención de no serlo, significó un adelanto trascendente, más allá de que la misma ley determina que los familiares serán consultados y deberán dar testimonio sobre la última voluntad de la persona fallecida.
Esta suerte de condicionamiento del mandato legal no impidió que, a poco de regir la norma, se hubiera experimentado un ostensible crecimiento en la disponibilidad de órganos y, subsiguientemente, de los trasplantes realizados.
Lo concreto es que la ley del donante presunto colocó a la Argentina entre los países líderes, que cuentan con los mayores niveles en donaciones y trasplantes. La experiencia argentina, exitosa en los últimos años y, además, reveladora del alto espíritu solidario de sus habitantes, obliga entonces a no dejarse estar y a profundizar por este camino. Es evidente que, como se ha dicho, el mayor déficit reside en la falta de suficientes campañas encaminadas a exhibir los enormes beneficios sociales que apareja la donación de órganos. El Estado debiera redoblar esfuerzos en este sentido.
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