La gravísima agresión perpetrada por hinchas contra un árbitro profesional de fútbol en un partido correspondiente a la liga federal B, que derivó en el anuncio de un paro nacional para este fin de semana por parte del Sindicato de Arbitros de la República Argentina en una medida que, luego, no se concretó ante la intervención de las autoridades del ministerio de Trabajo, volvió a marcar hasta qué punto de desvarío ha descendido este deporte y constituyó, también, otra prueba más que suficiente de que se han seguido aplicando políticas equivocadas, que no sólo no han servido para erradicar el fenómeno de la violencia en el fútbol, sino que la han acentuado.
El episodio bochornoso que tuvo como víctimas al árbitro y a sus asistentes, atacados y seriamente heridos por simpatizantes y por algunos jugadores del club local Sarmiento, de la localidad bonaerense de Ayacucho, uno de los clubes participantes del encuentro que se disputaba contra el club Sansinena de Bahía Blanca, derivó no sólo en las expresiones de repudio del sector gremial, sino en la presentación de severos informes arbitrales ante el tribunal de disciplina.
En realidad, ese incidente resulta -y es lamentable señalarlo- una mancha más en la sucesión de agresiones a árbitros por parte de barrabravas, de los propios jugadores entre sí, de los hinchas en enfrentamientos en los estadios o fuera de ellos, con la intervención sempiterna y cada vez más peligrosos de grupos de barrabravas que vienen dejando regueros de víctimas cada fin de semana.
Está claro para todos que, al margen de los datos estadísticos, entre los que deben computarse también los muchos heridos y lesionados en las mil rencillas que se suceden, lo que más debiera preocupar es el progresivo poder que vinieron cobrando las barrabravas, como organizaciones mafiosas que primero se quedaron con el control de las tribunas, luego se apoderaron de muchos de los “negocios” en los estadios y, últimamente, apuntan en forma directa al íntegro manejo de los clubes. En este sentido, es cada vez más habitual que dirigentes bien inspirados se vean virtualmente obligados a resignar sus funciones, ante las amenazas que se formulan contra sus personas y familias.
Para sólo aludir a la principal responsabilidad de la clase dirigente en este tema, cabría señalar que la participación de algunos supuestos hinchas, con frondosos prontuarios, en los procesos electorales pasó a ser moneda corriente. Para graficar en parte esta situación, también puede mencionarse el caso ocurrido hace pocos años, cuando un grupo de hinchas del club Independiente decidió ingresar al estadio para tributarle una despedida a un barrabrava que había muerto asesinado en un enfrentamiento entre dos facciones del club Lanús.
Lo que en verdad está ocurriendo es que no se está frente a hinchas, sino ante grupos con sello mafioso que, antes que alentar, lo que buscan es encontrar cualquier forma de rentabilidad en el fútbol. Además de la policial, corresponde señalar la llamativa inoperancia dirigencial que rodea al fútbol profesional, confrontándola por caso con la disciplina que impera en otros deportes, inclusive en aquellos en los que han avanzado sensiblemente las condiciones propias del profesionalismo, en donde los hinchas y los jugadores de un club respetan a los adversarios y se acatan sin chistar los fallos arbitrales.
Correspondería entonces preguntarse hasta cuándo el fútbol profesional argentino y las instituciones que lo rigen permitirá degradarse y tolerar la presencia cada vez mayor –y más gravitante- de delincuentes ya no tan sólo en los estadios, sino en la vida institucional misma de ese deporte.
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