La Ciudad frente a un nuevo y desafiante sistema de transporte

La llegada a nuestra ciudad del sistema Uber se ve acompañada por controversias y argumentaciones de toda índole, aunque pareciera prioritario señalar que resulta inadmisible la pretensión de la empresa responsable de imponer virtualmente a la fuerza sus criterios, en un tema que es de orden público –puesto que se habla de una actividad tan delicada como lo es el transporte de pasajeros- y que se encuentra sometido a cuadros normativos muy específicos.

Leyes y reglamentaciones que, por otra parte, son producto de la experiencia de muchos años, que hacen tanto a la seguridad de los pasajeros como a las condiciones mecánicas y de higiene que deben observar los vehículos, así como también a los requisitos que deben cumplir los conductores para brindar ese servicio. En este sentido, también, carecería de todo asidero permitir que un sector determinado se vea exento de cumplir con las normas, derivándose de allí cuestiones tan irritantes e ilegítimas como la desigualdad ante la ley y la competencia desleal, entre otras derivaciones.

En este sentido, corresponde en principio valorar la rápida reacción de la Comuna, cuando anunció la realización de una serie de operativos destinados a garantizar la plena vigencia de las leyes que rigen a esta actividad, sin perjuicio de la denuncia penal que impulsará contra los administradores, licenciatarios y explotadores del sistema, con el objetivo de “proteger tanto a usuarios y terceros, como taxistas y remiseros, que trabajan lícitamente en el transporte público de pasajeros en la Ciudad”, según se señaló en ámbitos municipales.

De todos modos, se está sin duda también frente a un desafío de naturaleza conceptual, a partir de los constantes avances tecnológicos que, casi en forma natural, se instalan en zonas grises o en vacíos legales, con transformaciones vertiginosas que muchas veces convierten en virtual letra muerta a los sistemas regulatorios.

Nada mejor que ejemplificar esta realidad con lo que ocurrió en nuestro país en la década del 80, cuando la llegada de la computación encontró a la administración de Justicia sobrepasada por ese fenómeno. Tuvieron comienzo, entonces, nuevas y diversas modalidades delictivas que utilizaron a las redes informáticas como herramienta, encontrándose entonces a la mayoría de los jueces y fiscales –en realidad a todo el sistema judicial- inhábiles para esclarecer esas maniobras. Hubo que incorporar a especialistas en computación para, a partir de allí, se creara una nueva justicia especializada en delitos informáticos.

Aquel proceso, pero irradiado a todos los campos del quehacer humano, se aceleró exponencialmente en los tiempos que corren. Tal como ya se señaló en este diario, no se descubre nada nuevo si se dice que, permanentemente, las redes sociales, las nuevas “aplicaciones” (ahora llamadas apps), las plataformas digitales y otras novedades, revolucionan hábitos, costumbres y sistemas que han funcionado durante décadas de una determinada manera. En ese sentido, debe admitirse que Uber puede provocar una “revolución” -controvertida, por cierto- en el transporte urbano. Pero revoluciones similares han atravesado y atraviesan a muchas otras actividades, servicios y sistemas, cruzadas hoy por una inventiva científica que no descansa.

Como se ha dicho, también, en el lanzamiento y la instrumentación de Uber hay algo –tal vez mucho- de imposición que inevitablemente hace ruido. La ausencia de reglas claras; la competencia en muchos aspectos despareja con los taxis y remises (que deben subordinarse a costos y exigencias que no tienen los conductores de Uber) y la absoluta desaprensión con la que intenta imponerse, sin atender reparos ni aceptar condiciones, son suficientes para justificar recelos e interrogantes.

Al margen de las acciones emergentes que puedan impulsarse –y teniendo siempre en vista, como regla superior, que deben impedirse todas aquellas reacciones violentas que a nada contribuyen- parece necesario que las autoridades analicen en profundidad el problema que presenta la eventual instalación de formatos nuevos en el sistema de transporte de pasajeros.