“Lo tenemos merecido. Espero que usted nos cumpla y que sea prontito, porque a veces las palabras...”. La frase inconclusa pertenece a Nelly, una docente jubilada de 77 años, que ayer subió al escenario para pedirle al presidente Macri que a sus promesas no “se las lleve el viento”. El mandatario aprovechó el reclamo: “Espero que el Congreso se aboque en tiempo récord”, dijo.
La escena tuvo lugar en un centro cultural porteño que albergó, en una mañana desapacible, un acto político importante para el Gobierno. Tanto, que la iniciativa para recalcular los haberes de los jubilados es su principal apuesta para recuperar la iniciativa en el Congreso tras el veto a la ley antidespidos, que colocó a la Casa Rosada en una situación desventajosa ante la oposición.
LAS CARTAS EN EL CONGRESO
En el proyecto elegido por el Gobierno para reponerse de aquel traspié confluyen varios factores que llevaron a sus estrategas darle prioridad sobre otras iniciativas que están en carpeta: el primero de ellos es que se trata de un asunto de alto impacto social, dado que se trata de un reclamo histórico de los jubilados, que en su mayoría no cobran los haberes que les corresponden.
Por eso mismo, a la oposición le será prácticamente imposible rechazar la iniciativa en el Congreso sin quedar mal parada ante la masa de jubilados que son un sector muy valorado al momento de pedirle su voto. Además, en la Cámara de Diputados hay referentes como Sergio Massa o Diego Bossio que hicieron un capital político en la ANSeS, donde entablaron nexos con la tercera edad.
En una primera reacción, las bancadas del Frente Renovador y el Bloque Justicialista apoyarían el proyecto gubernamental, mientras que el kirchnerismo y la izquierda pondrían algunos reparos. Por caso, llamarían la atención sobre el financiamiento de la iniciativa y se opondrían sobre todo a la venta de acciones de empresas privadas en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El FGS es un fondo que maneja la ANSeS y que se engrosa con los dividendos de acciones de compañías que en la década del 90 recibieron inversiones de las AFJP, hasta que estas fueron nacionalizadas por el gobierno kirchnerista en la década pasada. En esa cartera hay títulos de empresas importantes como YPF, Techint o el Grupo Clarín, que el organismo previsional vendería en el mercado.
Por eso, no faltarán los diputados y senadores que dirán que detrás de una iniciativa positiva en términos sociales, el Gobierno esconde su intención de devolver a esas empresas las acciones que el kirchnerismo utilizó en su momento como una llave para inmiscuirse en sus directorios y asambleas. Sólo basta recordar la particular presencia de Guillermo Moreno en Papel Prensa.
Otro elemento del proyecto que será estudiado en detalle por los bloques de la oposición en el Congreso es el capítulo del “sinceramiento fiscal”, que no es otra cosa que un blanqueo de capitales que particulares y empresas argentinas puedan tener sin declarar en cajas de seguridad, en el “colchón” o en el exterior, estimados en nada menos que 400 mil millones de dólares.
En fuentes oficiales se considera que el blanqueo será exitoso si logra atraer al menos 20 mil millones –es decir, sólo el 5% de la masa total-, una cifra por cierto mucho más elevada que las que consiguió el kircherismo en sucesivos blanqueos que promovió a lo largo de 12 años. Ahora, el Gobierno promete que los impuestos cobrados a esos capitales irán directo al pago a jubilados.
Sería esa también una forma de dotar a la polémica iniciativa -que dividió aguas en el propio gobierno- de un ropaje más tolerable para la sociedad, sobre todo para aquellos que pagan impuestos muy elevados y que observan como quienes los evaden tienen -en forma recurrente- facilidades para ponerse al día con el fisco. Se trata, en rigor, de un mal histórico argentino.
DEBATE QUE SE VIENE
Para que el sinceramiento fuera creíble, el presidente Macri debería dar el ejemplo y repatriar los fondos que declaró tener en el exterior, específicamente en las islas Bahamas. Aunque con seguridad se manifestará en el Congreso nacional un fuerte debate sobre la inconveniencia de que los funcionarios accedan al blanqueo, según anticiparon ayer fuentes legislativas a este diario.
Pese a todos esos reparos, el paquete enviado al Congreso le garantiza a la alianza gubernamental Cambiemos una importante repercusión social, lo que le permitirá reforzar su discurso cuando la oposición acude al gobierno de estar implementando un ajuste sin muestra alguna de sensibilidad. Un reproche que también le hacen los gremios y la Iglesia, que pone el dedo en esa llaga oficial.
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