La irracional violencia con que se cometen en la actualidad muchos de los robos y asaltos a mano armada tanto en nuestra zona como en el Gran Buenos Aires y otros lugares conflictivos –en episodios en los que, a pesar de que las víctimas no ofrecen resistencia, los delincuentes no trepidan en dispararles o agredirlos gravemente con armas blancas-, explica y justifica los reiterados reclamos de la población para que las autoridades encuentren mecanismos eficaces de prevención y castigo, capaces de disuadir a una delincuencia que se está mostrando cada vez más activa.
No se está frente a una situación novedosa, aunque sí merecería una atención especial por parte de los poderes públicos, en la medida en que los hechos delictivos se vienen reiterando día a día y han terminado por crear un más que justificado clima de temor en la sociedad.
El hecho ocurrido horas atrás en el que resultó baleado un carnicero de Tolosa, a quien los asaltantes que habían ingresado a su negocio le dispararon antes de escapar, constituye un caso prototípico, tanto por el despliegue de inexplicable agresividad de los delincuentes como por la posterior reacción de los vecinos, que decidieron salir a la calle para decir basta a semejante estado de cosas.
Lo cierto es que, en poco más de un mes la Región, se estremeció con once crímenes, siete de los cuales ocurrieron en el contexto de un episodio de inseguridad. Tres de los fallecidos eran ladrones, mientras que en todos los casos se usaron armas de fuego y ninguno fue esclarecido, por lo menos hasta ahora. Dos de los hechos fueron en la zona de San Carlos, uno en Olmos (con dos muertos), dos en El Mondongo y uno en Punta Lara, Ensenada, tal como se inform´’o en este diario.
En el contexto de estos episodios, se sucedieron varias reuniones vecinales con fuertes requerimientos por más operativos de prevención y hasta sospechas de denuncias “cajoneadas”, lo que impulsó cambios en los patrullajes y en las autoridades policiales de la zona .
Sea como sea, la necesidad de que se refuercen los patrullajes, de que se destine más personal para los rondines en jurisdicciones que son enormes y la conveniencia de que los vecinos dispongan de un protocolo para saber cómo manejarse cuando se registran emergencias, forman parte de los requerimientos planteados por los vecinos. Nadie duda que la ola delictiva altera la tranquilidad de los vecindarios, convertidos muchas veces en escenarios peligrosos para quienes los habitan. En muchos barrios se percibe que la ola de robos resulta irrefrenable, en situaciones que, además, se caracterizan por la extrema violencia con que actúan los delincuentes.
Es verdad que la experiencia ha venido demostrando que la cooperación y el compromiso vecinales son una valiosa contribución y que, en no pocas oportunidades, a partir de esos aportes pueden hallarse nuevas y muy eficaces alternativas. Pero nadie podría poner en duda, por supuesto, que es el Estado el que debe brindar-sin apartarse, en ningún momento, de los márgenes de la legalidad- el servicio de prevención y de acción policial contra el delito. Lamentablemente, pareciera que la ola de robos y asaltos ha recrudecido en las últimas jornadas, tanto como las cuotas de violencia que aplican los delincuentes.
Frente a ese fenómeno, es de esperar que no sólo la policía sino la justicia -y también la más atinada legislación- acudan a resolver un problema que, como el del delito, es complejo y debe ser abordado en su integridad, sin soslayar ninguna de las causas que lo originan.
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