Revocaron el sobreseimiento de Manzur por los sobreprecios en el plan Qunita

La Cámara Federal de Casación  Penal revocó el sobreseimiento del ex ministro de Salud kirchnerista  y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, por su intervención en el llamado Plan Qunita, el programa asistencial maternal que había implementado el gobierno de Cristina Fernández y por el que se pagaron sobreprecios, según determinó la justicia.    

Según revelaron fuentes judiciales, la Sala III de Casación consideró "arbitraria y prematura" la decisión del juez  Claudio Bonadio y de la Sala II de la Cámara Federal, que desvinculó a  Manzur de la causa.    

Por ese expediente ya fueron enviados a juicio oral el ex jefe  de Gabinete Aníbal Fernández y el sucesor de Manzur en la cartera  de Salud, Daniel Gollán, entre otros ex funcionarios y  empresarios.    

Pero Manzur fue desvinculado del expediente por entender que "no había pruebas" para relacionarlo con las irregularidades de la  licitación.    

Precisamente, la intervención del mandatario tucumano había  consistido en la convocatoria a la licitación, en la habilitación  del pliego de bases y de condiciones y en la autorización para  emitir circulares modificatorias.     

Según había dicho la Sala II de la Cámara Federal porteña,  Manzur "no tuvo implicancia alguna en las supuestas irregularidades  que se investigan y dictó su sobreseimiento".     

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Ahora los jueces de Casación Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y  Juan Carlos Gemignani consideraron que resultaba arbitrario y  prematuro el sobreseimiento, ya que la propia confección del pliego,  bajo la órbita de Manzur, "contrariaba la normativa" y podría  evidenciar que la licitación "estuvo dirigida a favor de intereses  particular", precisaron las fuentes a esta agencia.    

Para Casación, fue el pliego de condiciones el que resultó  clave para "satisfacer las necesidad" de compra que generó.    

En el fallo, además, los jueces insistieron en prestar  especial atención a las causas de corrupción en base a los compromisos  del Estado argentino con las convenciones de las Naciones Unidas.    

Aníbal Fernández, Gollán y los titulares de empresas  proveedoras del Estado que ganaron licitaciones para confeccionar el kit  afrontan los cargos de "fraude en perjuicio de la administración  pública", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de  funcionario".     

Bonadio los había procesado por "direccionamiento" de la  licitación del Plan Qunita e "importantes sobreprecios".    

El programa fue presentado por la ex presidenta Cristina  Fernández el 16 de julio de 2015 en Tecnópolis y consistió en la  distribución de unos 150 mil kits para bebés que le habrían costado al  Estado unos 1.100 millones de pesos, pero al poco tiempo fue  denunciado por supuestas irregularidades.    

Según la acusación, hubo irregularidades en la selección y  adquisición de materiales para el plan, en el que se habría diseñado  un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que  resulten ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con  los productos licitados, ya que sólo registraban experiencia en  los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.     

A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios  excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia informado  por la SIGEN (4.096 pesos) y se abonaron los kits a pesar de que  estos no contenían todos los elementos fijados en el pliego.