Multas, tareas comunitarias, cursos y hasta embargos contra una modalidad que igual crece

Abultadas multas, trabajos comunitarios, demandas a los padres de los adolescentes involucrados, cursos de concientización y hasta un embargo judicial para un menor que fue hallado culpable. La batería de medidas y alternativas que se han promovido en los últimos meses para intentar ponerle freno a la escalada de falsas amenazas de bombas no logra frenar la ola.

Al contrario: lo que viene sucediendo este año sobrepasa toda capacidad de comprensión. Según datos aportados por fuentes de la Procuración General bonaerense, al 13 de octubre -último reporte- había en la Provincia registradas 1.500 amenazas verificadas y desde entonces la cifra no paró de crecer (ver página 14). Salvo una ocasión en que los policías intervinientes detectaron una granada, el resto de las advertencias se tradujo en llamadas falsas.

Cierto es que no todas quedaron impunes: según la misma fuente, algunas investigaciones se encuentran avanzadas: hay cerca de un centenar de menores identificados en diferentes causas (46 de ellos son imputables y el resto inimputable). A su vez, son al menos siete los adultos implicados en expedientes vinculadas a este delito.

Las amenazas están tipificadas en el Código Penal como Intimidación Pública -es un delito penado con dos a seis años de prisión-, pero no son pocos los especialistas que estiman que si estos llamados se generalizan habría que avanzar en una modificación del Código.

Semanas atrás, ante el crecimiento exponencial de los llamados, la Provincia decidió promover una demanda por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos menores de edad que sean identificados como autores de las intimidaciones. “Los costos que generan los operativos deberán ser cubiertos por las demandas”, dijeron al explicar la decisión oficial.

Más allá del temor que genera cada amenaza, los funcionarios resaltan que provocan pérdidas económicas por los recursos que hay que movilizar (entre $30.000 y $50.000 por intervención), a lo que habría que sumar el costo para el poder judicial.

En la Provincia -se informó días atrás- buscarán aplicar multas de hasta 50 mil pesos y a la Legislatura provincial ingresó un proyecto de ley del oficialismo para incorporar al Código de Faltas un artículo que prevé arresto de 5 a 30 días a la persona realice a través de cualquier medio amenazas en establecimientos educativos de la Provincia.

Si bien son los menos, hay casos de resoluciones judiciales excepcionales, como la que se dio hace un año, cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi embargó por 70 mil pesos a un adolescente de 16 años por una falsa amenaza de bomba en la escuela técnica a la que asistía, en el barrio de Villa del Parque. En ese caso también tuvieron que responder sus propios padres.

Mientras que otro alumno, esta vez de un colegio del barrio porteño de Flores, para reparar el daño causado por su falsa amenaza de bomba, debió realizar tareas comunitarias en una iglesia y un curso de concientización del gobierno de CABA.

También en territorio bonaerense se ha intentado hacer foco en la generación de conciencia social y se enviado material pedagógico para “concientizar a los chicos y a las familias” en los partidos más afectados.