La Cámara Federal porteña ordenó hoy al juez federal Sebastián Casanello que defina si cita a indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero por la que está preso el empresario contratista de obra pública Lázaro Báez. El fallo de la sala II del tribunal de apelaciones se produjo luego de una presentación realizada ante esa instancia por la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del ministerio de Economía, para que se cite a la ex mandataria.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah insistieron en su recomendación al juez para que "dé respuesta fundada al pedido de ese organismo, coincidente con el de la Oficina Anticorrupción y del fiscal Guillermo Marijuan", informaron fuentes judiciales.
El 15 de noviembre, Casanello le había respondido a la UIF, el organismo antilavado, que aportara al expediente aquella información que demostrara los vínculos de la ex presidenta con las cuentas en el exterior de Báez, para poder definir si debía citarla o no.
"Es prioritario que la UIF se concentre en traer a este proceso la información que dice existir acerca de la vinculación del matrimonio Kirchner con cuentas radicadas en el exterior", había reclamado el juez Casanello. Esa respuesta de Casanello no contentó a la UIF ni a la Cámara Federal, que días antes le había indicado al magistrado que debía responder "de manera fundada" la requisitoria formulada por los acusadores.
"El juzgado instructor emitió un pronunciamiento sobre la cuestión en el que, en duros términos, exigió a la querella que provea información que permita vincular a la anterior presidenta de la Nación con cuentas bancarias en el extranjero", sostuvieron los camaristas en su fallo, "De manera elíptica, entonces, terminó rechazando el pedido de intimación. Sin embargo, lejos de lo formal, el camino que propone la respuesta es incompleto y ciertamente ambiguo", sostuvieron Farah e Irurzun.
La causa por lavado de dinero por la que está detenido Báez se encuentra camino a juicio oral, mientras el eventual llamado a indagatoria de la ex presidenta corre por un carril separado, según indicaron fuentes judiciales.
A Báez se lo investiga por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI -conocida también como "La Rosadita"- con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, que habrían sido logradas a través de facturas truchas que simularon gastos en los contratos de obra pública de las empresas de Báez con el Estado Nacional.
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