Otro allanamiento por presuntos hechos de corrupción salpica a un ex funcionario kirchnerista. Se trata de Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, a quien la justicia federal le allanó una caja de seguridad a su nombre del Banco de Santa Cruz de Río Gallegos en la que halló más de 80.000 dólares, 239.000 pesos y joyas.
El procedimiento en la caja fuerte del ex subsecretario de Coordinación de Obras Públicas del Ministerio de Planificación se llevó a cabo en el marco de investigaciones por la causa que trata el presunto direccionamiento de obra pública en favor del detenido empresario Lázaro Báez.
El allanamiento había sido ordenado a fines de noviembre por el juez federal Julián Ercolini en una causa en la que intervienen como fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
En el mismo caso, la Gendarmería había encontrado 90.000 dólares en una de las cajas de seguridad de Julio De Vido en el Banco Patagonia sucursal Río Gallegos, donde también estaba su título de arquitecto, aunque su defensa aseguró que ese dinero estaba declarado.
La Justicia ya había allanado la caja de Carlos Kirchner en el Banco Patagonia de Río Gallegos, que estaba vacía y allí sólo encontró bandas elásticas y un sobre de una empresa constructora investigada en la causa, según fuentes judiciales.
Los hallazgos se produjeron en el expediente en el que la ex presidenta Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una “asociación ilícita” que direccionó desde el Estado las concesiones de obra pública en favor de empresas de Báez.
UNA CAUSA, VARIOS PROCESADOS
La ex presidenta, los ex funcionarios investigados y Báez se encuentran procesados desde hace un año por supuestamente integrar “una asociación ilícita que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015”, y que habría defraudado al Estado al direccionar las concesiones de obra pública en favor de Austral Construcciones, firma de Báez.
En el fallo de diciembre del año pasado, el juez Ercolini sostuvo que “se habría verificado que los procesos licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al quince por ciento del presupuesto original”.
Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, el magistrado había considerado que “el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a la suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos”.
Para Ercolini, la asociación ilícita invocada habría estado “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada” de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.
Para el magistrado, el montaje de esa asociación se habría iniciado con “la conversión formal de Báez, amigo de los nombrados (Néstor) Kirchner y (Cristina) Fernández, con el que establecieron numerosas operaciones comerciales, en empresario de la construcción”, actividad a la que era ajeno antes del año 2003.
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