Una vez más la amenaza -por ahora distante y pendiente de negociaciones que recién se iniciarán- formulada por dirigentes del gremio docente, acerca de que habrá nuevos paros en las escuelas provinciales en la medida en que la oferta salarial del Gobierno bonaerense tenga un techo de aumento del 18 por ciento, vuelve a cernirse poco tiempo antes del inicio de otro ciclo lectivo. El hecho de que uno de los principales gremios haya reclamado un incremento de sueldos no inferior al 35 por ciento y los expresos anuncios de que “habrá paro” si no se accede al reclamo, confrontados con la posición oficial sintetizada por la expresión de que “no se puede ofrecer lo que no se puede pagar”, hablan a las claras de la gravedad potencial del conflicto.
“Cada vez que volvemos de vacaciones estivales o invernales nos encontramos con un paro docente” es un expresión formulada hace varios años por una autoridad educativa de la administración anterior, pero permite corroborar ahora que la política educativa vuelve a encontrarse al inicio del ciclo lectivo, en el atolladero de siempre.
Más allá de la cierta erosión que sufren los salarios y de las impotencias presupuestarias que alega el Estado, la resultante de estas líneas desencontradas apunta siempre hacia la adopción de medidas de fuerza y a la imposibilidad de que millones de niños tengan un programa de estudios continuado y eficaz.
De ningún modo se pueden ignorar demandas salariales que procuran mejorar la calidad de vida de los docentes así como otras reivindicaciones del sector, que hacen a la falta de material educativo o de mobiliario, a deficiencias edilicias en las escuelas y a otros problemas de infraestructura escolar. Así también pueden ser atendibles las posturas de las administraciones educativas, limitadas habitualmente por el alcance de las partidas.
No obstante, para resolver ello existen las negociaciones. Por más intensos que puedan parecer los niveles de controversia, sólo cabe insistir en la necesidad de que ambos sectores agoten las posibilidades hasta llegar a posturas consensuadas, que permitan resolver una situación cuyos primeros y más directos perjudicados son los millones de niños y jóvenes que asisten a las escuelas bonaerenses y que -de no acordar entre las partes- no podrán acudir a ellas.
Se ha dicho también acá que los dirigentes del sector docente debieran explorar la posibilidad de plantar ante las administraciones otro tipo de medidas de protesta, que puedan resultar igualmente eficaces sin que necesariamente las reivindicaciones se traduzcan en el cierre de las aulas. Bien se conocen los perjuicios que sufre la educación pública en los últimos años y el vuelco de miles de alumnos a las escuelas privadas.
Resultará, ciertamente, desalentador que alguien pudiera suponer que no importa que los chicos pierdan días de clase, o que se puede garantizar la misma calidad educativa con paros o sin paros. O que da lo mismo que haya muchos o pocos feriados. O que se puede dar clases sin docentes en las aulas.
Frente a esas falacias debe decirse que la discontinuidad de un ciclo lectivo resiente profundamente a la escuela pública y afecta el derecho de aprendizaje de los niños. Ello, sin desmerecer en absoluto las justas reivindicaciones del sector docente. Por ello es que debe insistirse en que Gobierno y gremios procuren encontrar fórmulas que impidan nuevas interrupciones del ciclo lectivo y que, por el contrario, le permitan a los alumnos ejercer el derecho de aprender.
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