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La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires solicitó hoy informes a organismos de control nacional y bonaerense sobre la letra chica del contrato de venta de las distribuidoras eléctricas Edelap y Edea al Grupo Desa.
Según precisó la Defensoría, la institución que conduce Guido Lorenzino requirió datos a la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia y al Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia (Oceba) para elaborar de esta forma un estudio pormenorizado de lo sucedido.
En el caso de la Comisión de la Defensa de la Competencia, la Defensoría reclamó si ese organismo tenía conocimiento de las ventas y, en ese caso, si hubo algún tipo de autorización de su parte o de alguna otra entidad nacional o provincial.
Además, le pidió detalles sobre cuáles fueron las condiciones de la venta, en caso de tener conocimiento de las mismas, cuál es la normativa aplicable para casos como el presente, y cualquier otro tipo de dato de interés que sirva para clarificar el modo en que se hizo la operación.
En tanto, la Defensoría le pidió al Oceba saber si Edelap y Edea requirieron autorización para su venta, si se otorgó la misma y cuáles fueron las condiciones; que también indique la normativa sobre estos casos y toda la información que tenga al respecto.
“En un contexto en que las prestatarias están bajo la lupa por los reiterados cortes en el suministro eléctrico, es necesario saber cuáles son los puntos centrales de estas operaciones, para tener conocimiento del escenario que se abre de ahora en adelante respecto a los reclamos que venimos llevando adelante desde la Defensoría”, sostuvo Lorenzino.
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El grupo Desarrolladora Energética SA (DESA) adquirió la semana pasada la distribuidora de energía bonaerense, Edelap, que opera en La Plata y Gran La Plata, y EDEA, que tiene a su cargo la distribución del servicio en la zona de la costa atlántica, informaron fuentes de la operación.
La operación se concretó a través de Disvol Energía, el holding propietario de Edelap y de EDEA, con la sociedad que controla Rogelio Pagano y cuya operación rondaría los 250 millones de dólares.
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