La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se opone por la vía judicial al pedido de aplicación del beneficio del 2x1 solicitado por condenados por delitos de lesa humanidad, en causas tramitadas en tribunales platenses.
Por intermedio de sus defensas, los ex represores solicitaron su excarcelación, en virtud del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Secretaría consideró “inadmisible” la solicitud por la “desproporcionalidad en la aplicación de la pena violando garantías constitucionales”. Además, opinó sobre el fallo del máximo tribunal que “no se puede pretender la aplicación de la ley penal ´más benigna´ (en este caso el cómputo del 2x1 a través de la Ley 24.390), dado que era una norma que no se encontraba vigente al momento que el imputado se encontraba privado de su libertad”.
Por último, desde la Secretaría que conduce Claudio Avruj, se remarcó que “atento la normativa internacional incorporada a nuestra Constitución, no pueden acogerse al beneficio que hubiera otorgado la ley del 2x1 aquellas personas que se encuentren imputadas por delitos de lesa humanidad”.
Los condenados que solicitaron dicho beneficio son Claudio Raúl Grande, Raúl Ricardo Espinoza y Rufino Batalla, quienes en su calidad de personal civil de inteligencia del Destacamento 101 del Ejército Argentino, fueron condenados a las penas de 13 años de prisión, accesorias y costas, por “su complicidad en el genocidio” perpetrado durante la última dictadura militar.
Grande fue detenido el 17 de febrero de 2010 y fue condenado el 24 de octubre de 2014 a la pena de 13 años. A la fecha lleva cumplidos 7 años y 3 meses, y solicitó su excarcelación por entender que por aplicación de la ley 24.390 lleva cumplidos 12 años, 5 meses y 15 días.
Espinoza fue detenido el 19 de febrero de 2010 y fue condenado el 24 de octubre de 2014 a la pena de 13 años. A la fecha lleva cumplidos 7 años y 3 meses, y solicitó su excarcelación por entender que por aplicación de la ley 24.390 lleva cumplidos 12 años, 5 meses y 15 días.
Batalla fue detenido el 14 de julio de 2010 y fue condenado el 24 de octubre de 2014 a la pena de 13 años. A la fecha lleva cumplidos 6 años y 10 meses, y solicitó su excarcelación por entender que por aplicación de la ley 24.390 lleva cumplidos 11 años, 9 meses y 20 días.
Juntos a otros referentes de distintas fuerzas, fueron juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, que investigó los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha, en 1977.
SUSCRIBITE a esta promo especial