Uno vive en un country de Tigre, maneja camionetas importadas y en su cuenta de Instagram exhibe una vida de lujos para sus 65 mil seguidores. El otro es un policía que patrulla Quilmes, vive en Ensenada y anda en un Peugeot 206 de hace 15 años.
¿Qué tienen en común Alejandro Radetic (36) y Claudio Ojeda (24)? A simple vista, nada, aunque comparten el desprecio por el otro al volante y la expectativa de pena en prisión que establece el Código Penal. El primero, por correr picadas a 240 km/h en el microcentro porteño, y el segundo por causar la muerte en un choque de una joven estudiante -hace justo una semana en 13 y 33- para luego escapar corriendo sin auxiliar a nadie.
Hace pocos días, Radetic fue liberado porque el juez consideró que su libertad no entorpecerá la investigación. A cambio, tuvo que pagar una fianza de $100.000
La comparación surge a partir de que, por lo que estipula la ley, les podrían aplicar penas similares. El policía Ojeda está acusado de “homicidio culposo agravado”, que en el artículo 84 bis del Código Penal establece que “la pena será de prisión de tres a seis años, si el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima”.
Por su parte, Radetic podría enfrentar penas que van desde los seis meses hasta los siete años de cárcel e inhabilitación para conducir. Es que, si bien no lastimó a nadie, al delito de “conducción riesgosa”, para el que el artículo 193 bis prevé una pena de tres años, se le suma el de daño agravado (penado con hasta cuatro años por el artículo 184, inciso 5) en concurso real.
Luego de que la Justicia pidió la captura de Radetic, el piloto fue detenido una semana después de que se viralizó el video donde se lo ve manejando a toda velocidad por la avenida 9 de Julio y hasta rompiendo las barreras de peajes. Alejandro Biscardi, el otro acusado, todavía estaba prófugo este fin de semana.
Hace pocos días, Radetic fue liberado porque el juez consideró que su libertad no entorpecerá la investigación. A cambio, tuvo que pagar una fianza de 100.000 pesos, entregar la licencia de conducir, “no podrá manejar ni participar de espectáculos automovilísticos, y cada 15 días deberá presentarse en la fiscalía”, según explicó su abogado.
La asociación Luchemos por la Vida impulsa un endurecimiento en las penas por infracciones de normas de tránsito. Allí se plantea, por ejemplo, que si un conductor sobrepasa por 50 km/h la máxima en calles, rutas o autopistas “sea sancionado como un delincuente, no que sea sólo una falta, sino que pueda ir preso”, explicó María Cristina Isoba, la directora de Investigación y Educación Vial de esa entidad.
Ella señaló además que quienes corren picadas lo hacen porque gozan de “impunidad, porque nuestra debilidad como país es tener un sistema laxo”.
En La Plata, recién hace 20 días se hicieron operativos en el Bosque en el que detuvieron a dos conductores y les sacaron los autos. Para eso se aplicó el artículo 193 bis del Código Penal, que tiene 9 años (se incorporó en abril de 2008), pero no se usaba, según confirmó una alta fuente judicial.
El artículo en cuestión determina que “será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.
¿Qué pasará con Ojeda, que huyó después de chocar al VW Gol donde viajaban tres estudiantes de Derecho y provocarle la muerte a una de ellas? La expectativa es que la pena, por el hecho de que se escapó de la escena sin ayudar a nadie, sea de prisión efectiva.
Sin embargo, si el juez de Garantías Pablo Raele considera que Ojeda no obstaculizará el accionar de la justicia, podría excarcelarlo. Esa posibilidad parece discutible, si se tiene en cuenta que, con la actitud de fugarse, ya complicó la tarea policial y judicial de esclarecer la muerte de la joven Anabella Tumini.
Es casi obvio esperar que la defensa del policía reclame alguna morigeración de la pena, o al menos la prisión domiciliaria. ¿Le harán lugar a ese pedido?
Para la respuesta, si se revisa el archivo, hay ejemplos de liberaciones y también de otros que quedaron tras las rejas.
Por lo bajo, algunas autoridades reconocen que esa decisión suele estar sujeta a la repercusión social que provoca una muerte de estas características.
De la mano, la mayor difusión mediática y los reclamos reiterados de Justicia colaboran a que se decida mantener presos a los responsables. El “ruido” social se complota en contra de quienes buscan escabullirse en resquicios legales para obtener una liberación.
Otro aspecto que pesan son los testigos. Como en el caso de Anabella, será vital el testimonio de quienes hayan visto a Ojeda escaparse de la escena a pie. El padre de la chica incitó a que “todo el que haya visto algo” se acerque a declarar: “No es lo mismo siete testigos que 20”, argumentó a este diario.
A esta misma altura del año, en 2015 habían fallecido 24 personas en la Región. Esa cifra y las 31 víctimas de 2017 quedaron opacadas por las 48 que hubo en 2016. Son números que apenas se acercan a retratar un drama que, cuando está manchado de impunidad, se torna mucho más doloroso
“Quienes corren picadas lo hacen porque gozan de impunidad. Nuestra debilidad como país es tener un sistema laxo”
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