Ante los paros docentes que afectan de manera crítica a los últimos ciclos lectivos en la Provincia, con interrupciones que resultaron ser, en diversas ocasiones muy prolongadas, no fueron pocas -ni improvisadas- las voces de especialistas que vinieron alertando sobre la inconveniencia de mantener a millones de chicos fuera de los ámbitos escolares, privados de la posibilidad de aprender y, por su parte, el Estado incumpliendo el tope mínimo de los 180 días de clases efectivas fijado como meta ideal por las sucesivas administraciones.
En ese contexto, que viene de lejos pero que sigue vigente en nuestros días, no puede menos que valorarse como positiva la decisión de las autoridades educativas de la Provincia de acortar el receso escolar invernal, para recuperar días de clases perdidos como consecuencia de los conflictos gremiales. Tal como se informó, las autoridades ya dispusieron la elaboración de “planes de continuidad pedagógica” para la semana hábil comprendida entre el 17 y el 21 de julio próximos.
Firmada por el titular de la dirección general de Cultura y Educación, la resolución alcanza a “aquellas instituciones que permanecieron sin actividad educativa durante días hábiles, a partir del inicio del ciclo lectivo establecido para cada nivel y/o modalidad”, destacándose que la meta es, justamente, garantizar una cantidad mínima de 180 días de actividad académica, cifra amenazada o incumplida durante muchos años por los reiterados paros docentes. Para esto se enumeraron varias alternativas, entre otras la ya mencionada que acortaría a la mitad el receso invernal.
En segundo lugar, se indica que los colegios que no logren alcanzar los 180 días de actividad a partir de la implementación de la primera cláusula deberán echar mano a los días asignados a jornadas institucionales; y en tercer lugar, utilizar jornadas de diciembre al término del ciclo lectivo, “durante días hábiles continuos o discontinuos”.
Más allá de las reivindicaciones sectoriales -muchas de ellas seguramente justas- y de las argumentaciones que invocan las autoridades, no debería soslayarse una realidad ciertamente negativa, que indica que en lugar de recuperar, tal como lo han venido instando año tras año todos los operadores del sistema educativo, se siguieron perdiendo días de clase en la Provincia. Y no sólo, como se ha dicho, por las medidas de fuerza, sino por la cantidad de feriados, que fue siempre en ascenso en los últimos ciclos escolares, aun cuando ahora se ha frenado esa tendencia.
Correspondería también destacar que las preocupaciones de quienes, durante tanto tiempo, vinieron reclamando por la necesidad de recuperar días de clase, originaron que desde el ámbito oficial se impulsaran alternativas que, entre otras, impulsaban el dictado de clases durante los días de actos escolares y jornadas institucionales, además de reducir al máximo las salidas extra-aulas de los alumnos. Sin embargo, la inactividad por las medidas de fuerza y por el verdadero festival de feriados nacionales en años anteriores consumió, en oportunidades, más de un mes entero de clases, con el enorme perjuicio que ello significó para millones de escolares.
Solamente una visión sesgada podría no detectar la declinación que sufre la educación pública en la Argentina. Una decadencia que, seguramente, responde a causas múltiples y complejas, pero que, de cualquier modo, obligan a que se extremen esfuerzos para recomponer de manera gradual uno de los servicios más esenciales del Estado, como es el de la educación. Esta decisión del Gobierno provincial parece, por su seriedad y representatividad, responder a esa premisa.
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