A pesar de no ser visible para buena parte de la sociedad -y, en muchos casos, para los propios controles estatales- el trabajo infantil continúa siendo un flagelo social que marca cada vez con mayor énfasis, la necesidad de que se extremen esfuerzos para lograr que los chicos puedan disfrutar los derechos que los asisten, en lugar de verse sometidos a situaciones degradantes y propias de épocas que se creían superadas.
Ahora, en el contexto del Día Mundial contra el Trabajo Infantil se acaba de conocer un informe de la Organización Internacional del Trabajo según el cual hay más de 150 millones de niños que trabajan en el mundo. A su vez, la Argentina no escapa a esa situación: según el Barómetro de la Deuda Social, hay más de un millón de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan, tal como se informó en este diario en estas jornadas.
Cabe destacar que por trabajo infantil se entiende a toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas, niños y adolescentes que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria, o bien que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso. En la Argentina, que un niño o niña trabaje, de manera remunerada o no, constituye un delito.
Bien se conoce que en nuestra zona, con la finalidad de erradicar ese flagelo, se realizan operativos de fiscalización en distintos establecimientos industriales, habitualmente clandestinos, en comercios o en quintas, que se han traducido en acciones judiciales encaradas en el marco de la ley nacional 26.847, que establece penas de 1 a 4 años de prisión.
En años anteriores y en un caso comprobado en nuestra región, de los 37 trabajadores de una cosecha estacional, 32 no estaban debidamente registrados, 3 eran adolescentes y dos eran menores de edad (10 y 15 años), por lo que se radicó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Cámaras, Departamento Judicial La Plata.
Más allá de la existencia de estos y otros estudios, sólo alcanzaría con una simple observación para constatar la presencia de numerosos menores, algunos de ellos de muy baja edad, sometidos a trabajos penosos, como los de acompañar y ayudar a quienes recogen basura en los carritos -cuando no ocuparse ellos solos de esa actividad- o desplegando supuestas destrezas en las esquinas u ofreciendo cualquier producto a cambio de unas monedas, en distintos tipos de tareas que, como se ha dicho, realizan en la vía pública, a la vista de todos.
Los periódicos operativos de inspecciones revelan que también se utiliza mano de obra infantil en empresas fabriles de diversas ramas de producción y en las explotaciones rurales. Esos chicos y jóvenes suelen no estar escolarizados y muchos de ellos son apartados de sus familias, para reducirlos a servidumbre a cambio de ofrecerles alimentación, ya sea por parte de particulares o de falsas instituciones u hogares de supuesta contención de menores que, aprovechándose del completo desamparo de esos niños, terminan sometiéndolos a cumplir con trabajos forzados.
Se está en estos casos, sin dudas, ante fenómenos propios de épocas que parecían superadas, pero que, sin embargo, mantienen insólita vigencia. Los derechos de los niños deben ser respetados en forma absoluta y, por ello, se los debe rescatar del virtual estado de esclavitud al que personas inescrupulosas los reducen.
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