Imputan al acusado de abusar de 2.000 chicos

Tres víctimas de los presuntos abusos cometidos por el abogado entrerriano Gustavo Rivas declararon en las últimas horas del jueves ante la justicia “corroborando la veracidad de la investigación periodística” que denunció el caso, aseguró ayer el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amilcar García, quien adelantó que la imputación contra el acusado es por la “promoción a la corrupción y promoción a la prostitución de menores”.

“A la noche tomé declaración en los tribunales de Paraná a tres víctimas y a la madre de una cuarta persona, con mucho aporte. Todos confirmaron los relatos que se daban en la publicación periodística”, precisó el funcionario judicial, tras añadir que “estamos a la espera de nuevos testimonios, en esta ciudad o en Gualeguaychú, porque vamos a ir hasta el final independientemente del tiempo transcurrido, para nosotros no hay prescripción en ninguno de los hechos”.

Aclaró que las personas que vayan a declarar tendrán garantías para su seguridad y reserva de identidad y adelantó que “todo se prepara para el juicio oral”.

Según la investigación que realizó el periodista Daniel Enz, que impactó fuertemente en Gualeguaychú y en los medios de todo el país, Rivas, un ex candidato a gobernador, habría cometido abusos sexuales a más de 2.000 adolescentes a lo largo de 4 décadas.

Ahora la justicia abrió una causa en la que está “imputado de promoción a la corrupción y prostitución de menores, reiterada durante muchos años y con muchas víctimas”, aseguró García.

El procurador precisó que “la gravedad de los delitos, una gravedad inusitada, es una de las cosas que se toman en cuenta para privar de la libertad antes de la sentencia condenatoria; los otros aspectos es el peligro de fuga o lo que llamamos el peligro de entorpecimiento, o que intente borrar huellas, tratar de cambiar la declaración de las victimas”.

“Si eso no se produce -añadió- no corresponde la detención previa de la persona, pero si una medida de coerción menor, que puede ser prisión domiciliaria, prohibición de acercamiento a las victimas, o una caución, un depósito de dinero”.

García expresó que la justicia actuó de oficio a partir de la investigación periodística porque “se trata de menores en situación de prostitución por eso empezamos de oficio”, y añadió que en los allanamientos realizados ayer en los domicilios de Rivas “se encontró una cantidad importante de videos, fotos y elementos de computación, que se secuestraron y van a ser peritados”.

A partir de estas primeras investigaciones “tenemos elementos de que hay una probabilidad delictiva y avanzamos hacia la mayor cantidad de recolección de denuncias de víctimas o personas que hayan presenciado algunos de estos actos”, dijo el procurador provincial.

En tanto, Raúl Jurado, el abogado defensor de Rivas, adelantó que su patrocinado “no va a admitir algo que no hizo” y opinó que los supuestos delitos que se están investigando a partir de una denuncia periodística, “están extinguidos por el paso del tiempo”, sostuvo.