Los bonaerenses, gravemente discriminados en el reparto de fondos coparticipables

Hoy se realizan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sin que ninguno de los candidatos haya planteado ni debatido en la campaña electoral el más acuciante problema que padece la provincia de Buenos Aires. Es preciso, entonces, advertir una vez más desde esta columna que los bonaerenses son gravemente discriminados por el Estado Federal que, por ley del Congreso, adjudica un porcentaje de los recursos impositivos mucho menor a Buenos Aires que el que le correspondería en base a lo que recauda y aporta al tesoro nacional este mismo distrito cada año.

En cambio, muchas de las restantes provincias gozan además de regalías petroleras, gasíferas o mineras y reciben tanto del Estado Federal que, en general, pueden cubrir una altísima parte de sus gastos con fondos que les son girados en cumplimiento de la inexplicable ley de coparticipación vigente.

Los servicios de seguridad, justicia, salud y educación están resentidos en la Provincia, comprometidos por la falta de fondos suficientes. Ese panorama se presenta en la región más poblada de la Argentina y, por consiguiente, más desafiada por requerimientos sociales y de distinta naturaleza.

Los bonaerenses son gravemente discriminados por el Estado Federal que, por ley del Congreso, adjudica a Buenos Aires un porcentaje de los recursos mucho menor de los que le corresponden

También padecen seriamente esta discriminación las estructuras económica y social bonaerenses. No se han podido construir o finalizar obras fundamentales como las que necesita la ciudad de La Plata para evitar inundaciones, tan graves como las que asolaron a esta ciudad y que costaron tantas vidas.

Además, la concreción de muchos emprendimientos similares en el resto del territorio –hoy postergados o demorados por el mismo motivo-, contribuiría al aumento de las producciones agrícolas y ganaderas, cuya exportación constituye en forma esencial el salario del país. La Provincia, asimismo, se ve obligada a invertir enormes sumas para tratar de hacer transitables los miles de kilómetros que integran su red vial, conformada por rutas y, fundamentalmente, por caminos rurales de tierra.

A pesar de los inocultables bolsones de pobreza y miseria que incluyen a dos millones de argentinos, el tema no ha sido encarado con profundidad y energía por los políticos y dirigentes bonaerenses. Aunque debe señalarse que latitular del Poder Ejecutivo provincial aludió al tema hace pocos días, y anteriormente llevó a cabo infructuosas gestiones y optó por recurrir a la Justicia, para superar la discriminación de la que es objeto Buenos Aires, de donde el Estado nacional extrae más del treinta por ciento de su recaudación total y gira con destino a la Provincia muchísimo menos de lo que corresponde en concepto de coparticipación. Ese reclamo no debe ser sólo de un Poder de la Provincia porque es la viabilidad del Estado de Buenos Aires lo que se pone en juego. Todas las organizaciones políticas, económicas y sociales tienen que expresar enérgicamente que corresponde rever las proporciones de esa injusta distribución.

Lamentablemente la inequitativa condena que pesa sobre los bonaerenses es sostenida por el Congreso Nacional, ya que los representantes de las otras provincias se oponen a modificar las pautas que establece la ley de Coparticipación. En el pasado se argumentaba que nuestra región era la más rica del país, pero como se ha demostrado -pese a que es la de mayor producción, merced al esfuerzo de sus habitantes- es la que cuenta con la mayor cantidad de población bajo la línea de la pobreza.

Aunque suelen ser cuestiones coyunturales las que lo ponen periódicamente en el primer plano de la discusión pública, el profundo desequilibrio existente en la distribución de los recursos impositivos del país, en franco detrimento de la provincia de Buenos Aires, es una de las problemáticas históricas más graves del país, con consecuencias tan profundas que limitan desde hace décadas el desarrollo de una organización socioeconómica armónica y justa de la República y suelen provocar, periódicamente, derivaciones institucionales.

Ocurre que el reparto de esos fondos se basa en un sistema que puede tener mil explicaciones políticas y aún económicas pero se resume en un par de datos que alcanzan para dejar en claro la magnitud del desequilibrio aludido y sus posibles efectos: el distrito que aporta el 40 por ciento de la riqueza del país y concentra igual porcentaje de población -y por lo tanto, de demanda de servicios y asistencia- recibe sólo el 6 por ciento de ese volumen.

El de la coparticipación federal -como se señala desde hace décadas en esta misma columna- es un debate que el país se debe y que ya no debería demorarse más. Por encima de cualquier coyuntura el desequilibrio en el reparto de fondos federales se ha convertido en un grave factor de distorsión en el desarrollo económico y social del país. Cabe encuadrarlo, entonces, como un problema estructural y crónico que -bueno es repetirlo- afecta abiertamente a los bonaerenses pero perjudica, en definitiva, a la República en su conjunto.

El problema se ha abordado en forma sistemática desde esta columna en contextos políticos e institucionales diferentes. En un editorial del 10 de enero de 1963, por caso, se planteaba que “la cuota atribuida a las provincias y en particular a la nuestra” en el reparto de los fondos impositivos federales “es muy inferior a la que tendría derecho con arreglo a la fuente de origen del tributo”. El 1 de junio de 1971, en tanto, se resaltaban “las situaciones de injusticia derivadas de una distribución no equitativa” del régimen de coparticipación entre la Nación y las provincias y se planteaba que se trataba, ya entonces, de “una vieja realidad que llama la atención sobre la autenticidad de nuestro sistema político federal”, para concluir que “se impone la revisión de una política que obra en detrimento de las provincias, debido a una postergación (de éstas últimas) a todas luces inadmisible, que deriva en serios problemas para el normal desenvolvimiento de los gobiernos locales”. Y en el caso bonaerense en particular, EL DIA señalaba el 27 de enero de 1985 que “los criterios aplicados por las autoridades nacionales para la distribución de los fondos de coparticipación vienen a indicar la persistencia de una política de postergación que deriva en graves consecuencias para el desenvolvimiento del primer Estado argentino”.

Se subrayaba, asimismo, que “no se explica claramente por qué razón se siguen aplicando criterios que retacean cada vez más el acceso de la Provincia a recursos que, en medida preponderante, son recaudados en su suelo y como fruto de su actividad”. Eran días en que la participación bonaerense había sido llevada al 17,5 por ciento de los fondos que se repartían entre los distritos, un nivel que “hasta hace diez años -según se puntualizaba- ascendía al 34,5 por ciento”.

Finalmente, aquellos parámetros de distribución que no respetaban aportes ni necesidades de los bonaerenses, quedarían plasmados en una ley-convenio en la década del 90, en cuyos prolegómenos EL DIA advertía que “deberían revisarse los conceptos con los que hasta ahora se ha venido manejando el problema, asignando los fondos de acuerdo con la generación de riqueza de cada territorio y tomando luego cada uno para fomentar el desarrollo según su capacidad, para repartir estos recursos a partir de las necesidades de cada distrito en ese rubro y no, como ha ocurrido, para gastos administrativos o sostén de la burocracia”. Y se advertía: “la defensa de lo que es genuinamente fruto del trabajo de los bonaerenses debiera ser asumida por todos los sectores, sin distinción de banderías. El problema es lo suficientemente antiguo como para que la mayoría de los representantes de la Provincia de los distintos partidos, en un momento u otro, hayan debido quejarse del despojo consumado por vía del sistema de coparticipación”.

Además de otra serie de indicadores que muestran con elocuencia la distorsión existente -cuya enumeración demandaría un espacio del que no se dispone- debe agregarse que, a esta irritante situación, se suma el congelamiento, desde hace más de 20 años, de lo que la Provincia recibe por el denominado Fondo del Conurbano. Como se ha explicado en los últimos días, en el año 96 se fijó un tope a esa masa de recursos (que originalmente correspondían al 10 por ciento de la recaudación nacional del impuesto a las Ganancias) y se estableció que lo que excediera aquel tope se repartiría entre el resto de las provincias. Por ese mecanismo, Buenos Aires ha quedado muy relegada. Y ahora son varias las provincias, entre ellas Chaco, por ejemplo, que reciben más que la nuestra por el Fondo del Conurbano. Ocurre que ese excedente, que al principio era muy pequeño, con los años se ha multiplicado enormemente (por el crecimiento de las recaudación de Ganancias) y todas las provincias se han beneficiado de tal incremento, menos Buenos Aires que ha quedado “congelada”.

Todos los actores de la vida económica, política e institucional de la Provincia deberían reflexionar y asumir una postura común frente al cuadro aquí descripto, en defensa de los genuinos intereses bonaerenses y en contra de la injusta discriminación que sufre el mayor distrito del país desde hace ya muchos años. Se está frente a una injusticia crónica que sufren los habitantes y no se trata de una discusión teórica: en ella va la suerte de millones de argentinos que habitan el suelo de nuestra provincia y, desde luego, la alternativa de que, a partir de las correcciones reclamadas, se impulse un despegue para todo el país.