Diecisiete agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) comenzaron hoy a ser juzgados en los tribunales platenses por la muerte de 33 presos durante un incendio ocurrido en 2005 dentro de la cárcel de Magdalena, en una jornada en la que se exhibió un video con detalles del hecho y declararon internos que fueron testigos.
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Plata integrado por los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena, iniciaron hoy las audiencias en las que está previsto que declaren más de 400 testigos, entre ellos uno de los sobrevivientes de la tragedia.
Entre los acusados se encuentran el por entonces director de la cárcel, Daniel Oscar Tejeda y el ex jefe de seguridad exterior Cristian Alberto Núñez; ambos imputados de "homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas".
En tanto, los demás imputados, Jorge Martí, María del Rosario Roma, Marcelo Valdivieso, Reymundo Fernández, Juan Zacheo, Gualberto Molina, Juan Santamaría, Juan César Romano, Carlos Augusto Busto, Marcos Sánchez, Rubén Montes de Oca, Eduardo Villarreal, Maximiliano Morcella, Gonzalo Pérez y Mauricio Giannobile serán juzgados por el delito de "abandono de persona seguido de muerte".
Los penitenciarios serán juzgados por las muertes de Cristian Articaglia Cejas, Agustín Ávila Portillo, Rubén Ayala Freijo, Cristian Cáceres Fernández, Juan Campos Barretto, Roberto Coelho Fernández, Ariel Cuevas Martínez, Diego del Valle González, Eduardo Díaz, Pablo Farías Carabajal, Nicolás Ferreyra Rodríguez, José Gamarra Mujica, Andrés Gorris Martínez y Marcos Granados Baldovino.
También fallecieron Lucas Granados Baldovino, Néstor López Demuth, César Magallanes Verón, Eduardo Maglioni Farías, Luis Medrano Rocha, Jorge Mendoza Abdala, Rubén Merlo Sagués, Ariel Mola Silva, Abraham Mosqueda Lecler, Carlos Olivera Torres, Omar Pereyra Allión, David Perosa González, Darío Puccio Camaño, Cristian Rey González, Víctor Franco Rojas, Luis Torres Pacheco, Juan Tubio Sagratella, Lucas Vallejos y Jorge Vera Melgarejo.
El hecho ocurrió en octubre de 2005, cuando se produjo un motín en el pabellón 16 de la Unidad nº 28 de Magdalena, motivo por el cual ingresaron al sector los agentes penitenciarios Reymundo Fernández (secretario del penal), Jorge Martí (encargado de turno), María del Rosario Roma (segunda jefa de guardia de seguridad exterior) y dispararon una escopeta con balas de goma.
Tras este episodio, se produjo un foco de incendio en el fondo del pabellón y los agentes penitenciarios se replegaron y cerraron la puerta del mismo, lo cual no permitió la asistencia y rescate de los treinta y tres presos, que fallecieron como consecuencia del fuego y asfixia.
En el juicio participan las fiscales Florencia Budiño y Victoria Huergo, integrantes del equipo de litigio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); la abogada Carolina Delgado; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS ) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), en representación de familias damnificadas y los abogados defensores de los imputados.
En tanto, está previsto que el juicio se extienda por unos 90 días y que las audiencias se realicen de lunes a jueves en los Tribunales platenses.
La jornada inicial comenzó con la lectura de la elevación a juicio, tras lo cual se presentó un vídeo como medida de prueba realizado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata.
En la grabación se observaron imágenes del pabellón tomadas con posterioridad al hecho y "otras partes de la unidad donde se observan focos de incendio", explicó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.
El lugar "había sido construido como un Pabellón de bajo costo donde se hacinaban personas en condiciones inhumanas. Era una forma de resolver el hacinamiento creciente del sistema" explicó Cipriano García.
"No se trataba de situaciones aisladas sino de condiciones estructurales del sistema penitenciario: el lugar no cumplía con los estándares internacionales mínimos para el alojamiento de personas", gráfico.
Luego comenzaron a declarar varios internos que en ese entonces estuvieron alojados en ese penal, pero esas testimoniales y la exhibición del video estuvieron vedadas a la prensa y al público en general por disposición del TOC 5.
Además, a pedido de los representantes de los particulares damnificados la seguridad en el interior de la sala de audiencias no estuvo a cargo del SPB, como es habitual, y del operativo se encargó la Policía bonaerense.
En tanto, Sofía Caravelos, abogada del CIAJ se quejó por la demora en la realización de las audiencias orales y públicas: "se trata de un juicio que se debió haber realizado hace muchos años, este hecho ocurrió en 2005. Pasaron 12 años de la masacre para que solo lleguen al banquillo de los acusados algunos miembros del Servicio Penitenciario"
La letrada manifestó que además de los imputados "buscamos llegar a las responsabilidades políticas de este hecho ya que a través de la recolección de testimonios se puso comprobar que hubo un inicio de fuego en señal de protesta por parte de los detenidos y que el Servicio Penitenciario cerró las puertas en vez de rescatarlos".
La jornada inicial contó con una gran concurrencia de familiares, organismos de derechos humanos y publico en general, quienes colmaron la sala destinada a la audiencia, lo cual obligó a habilitar una sala contigua.
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