Nuestra ciudad enfrenta el problema de los remises ilegales, que ocurre desde hace mucho tiempo, que no atina a resolver y que se va agudizando año tras año, dado que recientes sondeos aluden a un crecimiento inquietante del transporte ilegal de pasajeros. Así, a fines de 2014 las estimaciones más moderadas hablaban de 1.000 remises circulando en condiciones irregulares, aunque con posterioridad, desde uno de los sindicatos de taxistas de la Ciudad, se denunció que habría más de 5.000 remises truchos.
En ese contexto que habla de un verdadero descontrol, la Municipalidad acaba de anunciar que fueron clausuradas en las últimas dos semanas siete remiserías ilegales, sacándose de circulación a doce vehículos que funcionaban sin la habilitación correspondiente.
El comunicado oficial indicó que a través de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano se intensificó la realización de operativos para erradicar el transporte ilegal en la Región. Así también, se aseguró que se extenderá un riguroso plan de controles en distintos puntos del casco urbano, y zonas de las localidades de San Carlos, Melchor Romero, Villa Elvira y Los Hornos.
Desde luego que las clausuras dispuestas en estas jornadas parecen ser muy pocas en relación al universo de remises que circularían en condiciones anormales por la Ciudad, pero el rumbo adoptado desde la Comuna, en el sentido de iniciar un intenso plan de fiscalizaciones es el acertado y el que, por otra parte, reclaman desde hace años los operadores del transporte legal de pasajeros en la zona.
En el caso de los taxistas -y, desde luego, de las remiserías que cumplen con todas las exigencias legales para funcionar- está claro que no pueden competir con los remises truchos, que desarrollan su actividad sin cumplir con los requisitos de habilitación exigibles a todo vehículo que quiera brindar el servicio de transporte de pasajeros.
Al margen de las consideraciones de índole socioeconómica que suelen invocarse para explicar este verdadero auge de la informalidad, es evidente que resultaría extremadamente negativo que los organismos municipales competentes no actúen con el debido rigor y con el espíritu de equidad requerible.
Asimismo, frente a los riesgos concretos que corren miles de personas, en forma cotidiana y muchas de ellas sin advertirlo, ya que al pasajero le resulta virtualmente imposible determinar si el vehículo que lo traslada está o no legalmente autorizado para ejercer la actividad, las autoridades deben extremar los controles que se realizan. No sólo para proteger los derechos de los eventuales pasajeros, sino para impedir que se vean desnaturalizadas las leyes y el propio valor de la autoridad comunal.
La situación también plantea, como se ha dicho, un crítico cuadro de competencia desleal, porque el transporte ilegal, al no cumplir con los seguros obligatorios y otros requisitos, deja en desventaja al legalmente habilitado.
En este sentido, también, es fundamental que el municipio ajuste los mecanismos de contralor y los aplique en forma sostenida. Los funcionarios municipales tienen una responsabilidad directa y a ellos les corresponde, ineludiblemente, velar por la vigencia de todos los requisitos que se fijan para darle seguridad y garantías a un servicio que, como el de los remises, es de naturaleza pública.
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