Preocupación y conflicto por cadena de farmacias

Desde hace cinco años, la cadena de expendio de medicamentos Farmacity batalla en la Justicia contra el Estado provincial para que se le permita desembarcar en el territorio bonaerense con un modelo de empresa y comercialización que no está contemplado por las leyes vigentes. Rechazada por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, la iniciativa obtuvo dictámenes negativos ante jueces de primera instancia, cámaras de apelación e incluso la Corte. Ahora, en un giro inesperado, el expediente fue pedido para su “revisión” desde el ámbito federal y podría ser el máximo tribunal del país el que decidiera su destino.

La Corte Suprema nacional requirió la documentación como consecuencia de un “recurso de queja” presentado por la firma, creada tiempo atrás por el actual vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana -quien aseguró ya haber vendido toda participación en ella-. No hay plazos para que los magistrados se expidan, y si bien trascendió que no sería un planteo de resolución prioritaria para los magistrados, se supo que Carlos Rosenkrantz ya se excusó de abordarlo porque fue abogado patrocinante de Farmacity.

“La verdad, no esperábamos que la Corte nacional tomara cartas en el asunto” admite María Isabel Reinoso, titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia: “nos genera sorpresa y preocupación, porque si ese tribunal revirtiera las decisiones tomadas por el Ejecutivo y todas las instancias de la Justicia bonaerense respecto de este caso estaríamos no sólo ante un avasallamiento, sino que sobrevendría un inevitable retroceso en materia de acceso a los medicamentos para la población”.

La dirigente precisa que “están pidiendo la inconstitucionalidad de una norma de la democracia que tiene más de treinta años, fue modelo para la legislación de muchos otros distritos, y que hasta ahora nadie había cuestionado”. Y advierte que las 4.500 farmacias de la Provincia están en estado de alerta: “en ese universo hay comercios unipersonales, que son el 65 por ciento, pero también mutuales, S.R.L. Lo que la ley no permite son las sociedades anónimas; tiene que haber un titular. Y en vez de adaptarse a las múltiples figuras vigentes, Farmacity pretende adaptar la ley a su medida”.

“UN SERVICIO PUBLICO”

La normativa actual establece, por ejemplo, que no puede haber una farmacia a menos de 300 metros de otra ni cada menos de tres mil habitantes. “Esto asegura que sean viables y que haya al menos una incluso en los pueblos pequeños de los 135 partidos de la Provincia” asevera Reinoso: “con un modelo de mercado desregulado esto quedaría en riesgo”.

La dirigente aclaró que “no es cierto que esta firma pudo instalarse en todos lados menos en la provincia de Buenos Aires; en Santa Fe están haciendo el mismo planteo. Pero la farmacia no es un comercio sino un servicio público”. En Farmacity argumentan que su postura está orientada a promover la prestación de un servicio de salud, en el marco de la competencia.

A todo esto, la Defensoría del Pueblo bonaerense intentaría terciar en el conflicto con la intención de “salvaguardar el acceso a la salud de los habitantes de la Provincia”. El ómbudsman Guido Lorenzino confirmó que el organismo se presentará ante la Justicia para apoyar en carácter de “amicus curiae” el reclamo del Colegio de Farmacéuticos. “Priorizamos a la gente por sobre la rentabilidad”, sostuvo Lorenzino.