El desarrollo de algunas campañas electorales en nuestro país suele verse condicionado por la aparición esporádica de actitudes negativas, contrarias a los principios éticos y al clima de paz que deben caracterizar siempre a las distintas instancias de convivencia propias de todo sistema democrático. Se ha dicho ya, en tal sentido, que ningún motivo justifica que determinados actos y conductas apunten a sembrar temor y motivos de discordia en la sociedad.
Esas consideraciones parecen válidas a la hora de ponderar las agresiones recibidas en las últimas horas por un dirigente político –en este caso el candidato a senador nacional por Cambiemos- durante la visita que realizaba en la Isla Maciel, del distrito de Avellaneda.
Tal como se informó, el dirigente político fue atacado por un grupo de personas que le arrojó piedras y huevos, además de patear en forma violenta el vehículo en el que se encontraba. También dos motociclistas siguieron en forma amenazante la camioneta en la que se desplazaba el candidato a legislador.
Afortunadamente, las cosas no pasaron de allí y el postulante oficialista acudió luego a una reunión partidaria que tuvo lugar en la cercana localidad de Wilde, también perteneciente a Avellaneda, no reiterándose allí actos agresivos como los acaecidos en Isla Maciel.
Hace pocos días esta columna analizó el caso de las amenazas que, por cuerda separada, recibieron el presidente de la República y la gobernadora de Buenos Aires, reclamando que se investigaran en forma urgente ambos episodios. Allí se reseñó que, también desde aquí, fueron severamente cuestionados todos y cada uno de los actos violentos –entre ellos, los llamados escraches- de los que fueron víctimas políticos de distinto signo y funcionarios de todas las administraciones.
Es preciso, sin embargo, insistir en que corresponde no sólo reaccionar vivamente frente a estos inadmisibles episodios, sino, a la vez, dejar en las generaciones más jóvenes –que no vivieron una etapa ciertamente funesta para nuestro país- un claro testimonio acerca del rechazo que merecen estas metodologías irracionales.
Si bien es verdad que el país vive desde 1983 en un sistema democrático y republicano, entre cuyas características principales figura la del respeto a los derechos y garantías elementales que la Constitución resguarda como bienes supremos, también es cierto que aparecen, en forma intermitente y aislada, episodios que sólo pueden inscribirse en los capítulos más regresivos de nuestra historia.
Así, en los últimos años se han conocido y generado lógica alarma amenazas de distinta índole -como las que se realizaron contra jueces y fiscales de algunas causas resonantes- que, como se dijo, deben ser firmemente repudiadas y, por cierto, investigadas. En todos esos casos, que correspondieron a los sucesivos gobiernos, desde esta columna se repudiaron todas y cada una de las amenazas proferidas.
Está claro que quienes concretan, desde la cobardía y el anonimato, amenazas de esta índole persiguen el obvio propósito de sembrar inquietud y de ayudar a crear un clima de zozobra y de temor. Apelan, en general, a metodologías que hacen difícil su esclarecimiento. Sin embargo, deben agotarse las posibilidades parar tratar de individualizar a sus autores.
Todas las amenazas revisten, por supuesto, una marcada gravedad, en el sentido de que ninguna de ellas debe ser subestimada. Y frente a esta situación, el Estado no sólo tiene la obligación de investigar sino además de garantizar la integridad y tranquilidad de las personas amenazadas.
Este tipo de actos merece el más enérgico repudio de toda la sociedad. El país vivió una profusa y lamentable experiencia en épocas anteriores y resulta, por consiguiente, primordial que desde todos los sectores se alcen voces para condenar el accionar de quienes buscan por esta vía atentar contra pautas básicas de la convivencia civilizada.
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