El gobierno nacional estableció ayer las sanciones de apercibimiento o suspensión de hasta cinco años aplicables a oferentes, adjudicatarios o co-adjudicatarios de contratos y concesiones de obras públicas; definió las pautas para desestimar ofertas, y determinó el Programa de Integridad que exigirá a las empresas para asegurar la transparencia. La medida se publicó en el Boletín Oficial.
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