Según se conoció este jueves, el Gobierno nacional se encuentra inmerso en un proceso que tendría por objetivo modificar el reparto de los fondos correspondientes a la partida obras sociales.
Con la intención de evitar la tercerización de fondos a través de los gremios, lo que se estudia es una nueva fórmula para el reparto de los 2.300 millones de pesos mensuales que el Estado le gira a las obras sociales sindicales.
La versión indica que la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Sandro Taricco, junto a los gremios más importantes de la CGT, apuntan a instrumentar una modalidad de reparto “para hacer más transparente el sistema” según revelaron voceros del ejecutivo.
El plan propondría la creación de un organismo, la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que se encargaría de determinar cuándo una obra social debe recibir fondos para afrontar tratamientos de alta complejidad.
Esta agencia estaría integrada por una serie de expertos entre los que se incluyen médicos, técnicos, abogados y científicos. De este modo, los profesionales se ocuparían de decidir cuándo una obra social deberá recibir el dinero necesario para ayudar en la recuperación de la salud de un paciente que necesita un remedio o un tratamiento de alto precio.
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