Lenín Moreno y Rafael Correa se miden en la urnas para definir el futuro de Ecuador

QUITO

Poco más de 13 millones de ecuatorianos tendrán hoy la chance de participar de la consulta popular convocada por el gobierno, en la que, más allá de las siete preguntas puntuales a la que deberán responder, estará en juego buena parte del futuro del Ejecutivo de Lenín Moreno y del devenir del ex presidente Rafael Correa, convertidos en ásperos rivales y en fervorosos promotores del Sí y del No, respectivamente.

Moreno levanta el Sí en las siete preguntas que integran su consulta, y que incluye cuestiones como la lucha contra la corrupción, la eliminación de la reelección indefinida y las reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que designa a las autoridades de control.

La consulta también indagará a la población sobre temas como la plusvalía y la protección del ambiente y minería, y busca declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad.

GRIETA

Pero, de fondo, las urnas marcarán también la profunda grieta trazada entre el ex presidente Correa, que encabeza una suerte de coalición por el No, y su sucesor y ex aliado Moreno, que con el referendo consiguió encolumnar detrás del Si a 36 organizaciones y partidos.

Con intereses bien distintos, sindicatos, partidos de izquierda y de derecha y hasta organizaciones empresariales respaldan la consulta, más bien porque suponen que un triunfo del Sí constituiría un golpe acaso irremontable para las eventuales aspiraciones futuras de Correa, que gobernó el país de enero del 2007 a mayo del 2017.

El otro golpe se lo puede dar al ex mandatario que el Sí se imponga en la pregunta que busca limitar la chance de reelección a una sola vez, lo que lo dejaría afuera de una eventual nueva postulación, más allá de que varias veces el ex mandatario anunció que iba a radicarse en Bélgica, algo que cumplió solo a medias, porque volvió para liderar la campaña por el No.

CONSTITUCIONALIDAD

Correa no solo llama a votar No sino que, más aún, considera a la consulta absolutamente inconstitucional y una ruptura del estado de derecho. Parte del precio que pagó en la campaña fueron las nuevas denuncias judiciales en su contra y hasta los ataques físicos que sufrió en algunas ciudades que visitó al frente del cuarteto de fuerzas que llamó a votar negativamente las 7 preguntas.

La relación entre Moreno y Correa marcó a pleno el proceso de la consulta: hubo entre mandatario y antecesor primero frialdad, después enojo, más tarde severos cuestionamientos cruzados y ahora simplemente una distancia abismal y acusaciones de traición hacia un lado y de corrupto hacia el otro.

La disputa comenzó cuando Moreno habló de la “crítica situación económica” en la que asumió, se agudizó con su tejido de buenas relaciones con la oposición de derecha y terminó de agrietarse cuando su vice, Jorge Glass, un firme correísta, fue deternido por corrupción derivada del llamado “caso Odebrecht”.

En lo formal, el paso de los más de 13 millones de ecuatorianos por las urnas responde a un referendo, que incluye cinco preguntas, y una consulta, que suma los dos interrogantes restantes.

Las dos más polémicas, sin embargo son las de la reelección y la referida al Consejo de Participación Ciudadana.

La reforma constitucional de Montecristi, en 2008, habilitó una única reelección, pero una enmienda del Congreso de diciembre del 2015 habilitó la reelección indefinida, aunque Correa no hizo uso de la chance de volver a postularse.

En Ecuador, además de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se agregaron justamente en la reforma del 2008 los poderes de Transparencia y Control, y el Electoral.

Dentro de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está la de designar al procurador general, a todos los superintendentes, al defensor del pueblo, al defensor público, al fiscal general, al contralor general, a los miembros del Consejo Nacional Electoral y a los miembros de la Corte Constitucional, entre otros.

Por eso para el correísmo la pregunta apunta a que el Ejecutivo se “apodere” del cuerpo, ya que le otorga “competencias que el actual Consejo de Participación no tiene”,.

En Ecuador, el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y optativo para los menores de entre 16 y 18 años. Para mañana se montarán 35.108 juntas receptoras de votos, que estarán abiertas de 7 a 17 horas (de 9 a 19 en Argentina). (TÉLAM, EFE y AP).