Inadmisible continuidad de las usurpaciones

Hace ya muchos años -se puede hablar de más de tres décadas- que nuestra ciudad se ve sometida al flagelo al parecer incontenible de las usurpaciones de tierras, en una situación que se registra ante la inacción, desinterés y permisividad de los poderes públicos que, muchas veces, prefirieron ignorar la esencia del problema, consistente, por un lado, en la crisis del sistema de vivienda y, por el otro, en que la usurpación es un delito. Un delito que afecta siempre un derecho real de las personas o del Estado cuando las tierras son fiscales y que, además, vulnera en forma sistemática las reglamentaciones, siempre rígidas para el resto de la población, que el Estado impone para viabilizar cualquier asentamiento poblacional.

Cabría recordar que al retornar la vida democrática en 1983, la Legislatura bonaerense se ocupó de sancionar sucesivas leyes destinadas a regularizar las situaciones de ilegitimidad que surgían de las usurpaciones. Esas numerosas leyes de índole expropiatoria, pues el Estado se hacía cargo de pagar las tierras a los propietarios usurpados, les otorgaba, entonces, título legítimo de propiedad a los ocupantes precarios.

Ocurrió, entonces, y así quedó probado en numerosas ocasiones, que a partir de allí surgieron grupos inescrupulosos que se dedicaron a montar una verdadera “industria de la usurpación”, a través de un organizado primer despojo de la tierra a sus propietarios, el inmediato loteo de parcelas de muy pequeña dimensión y la venta a bajo precios de esos lotes. Los interesados llegaban en una noche, transportados por los propios “organizadores”, la ocupación se concretaba en horas y, con posterioridad, los contactos políticos lograban, poco después, la bendición legislativa. Ahora, en muchas casos, ni siquiera se cuenta después con sanciones de leyes que refrenden esas tomas y le den legitimidad a esas acciones. Lo que impera, entonces, es una verdadera anomia en materia inmobiliaria. Cada uno hace lo que quiere, no lo que la ley establece.

Se está viviendo esta increíble situación ahora en Los Hornos en donde un grupo de personas “decidió” ocupar un terreno que estaba destinado a plaza pública, que los vecinos se ocupaban de cuidar y en donde los chicos del barrio jugaban al fútbol. Es decir, ocurre en un lugar que, como Los Hornos, carece de suficientes espacios verdes. Los usurpadores, en un santiamén, alzaron una suerte de toldería y se dedican a vender impunemente pequeñas parcelas a 20 mil pesos cada una. La ocupación ilegal estuvo a cargo de una patota de hombres armados con palos y machetes, que decretó la desaparición del espacio público y su posterior “venta”.

Al margen de los aspectos legales, que no parecen quitarle el sueño a ninguna autoridad, es evidente que La Plata no puede permitirse un crecimiento urbanístico desorbitado, como el que se desprende de las usurpaciones. Ello, al margen de que es incontrastable que las demandas habitacionales de familias indigentes deben ser respondidas desde el Estado. Pero lo que no puede admitirse en modo alguno es la usurpación sistemática de tierras o de inmuebles particulares o fiscales impulsadas por grupos que actúan con fines de lucro, ya sea en la periferia como en las zonas urbanas, tal como viene ocurriendo en nuestra zona.

Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos. Como se dijo, el Estado debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente. El problema habitacional es, sin duda, uno de los prioritarios. Se está frente a un problema complejo -nutrido de diversas urgencias- que demanda políticas rápidas, equilibradas y justas, defendiéndose a la vez el derecho a la vivienda digna y el del respeto a la propiedad de todas las personas, pues ambos se encuentran tutelados por la sabia letra de la Constitución.