"Podrán excavar toda la Patagonia que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme"

La ex presidenta Cristina Kirchner llegó a los tribunales de Comodoro Py, donde fue convocada para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por presunto lavado de dinero. Se trata de la misma causa por la que está detenido el empresario patagónico Lázaro Báez.

Según la propia ex mandataria publicó en su sitio en Internet, presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que calificó de "grave irregularidad" su citación y reiteró ser víctima de "larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses".

"Lo que resulta aún más grave es que se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido", resalta en el escrito, en que asegura no haber tenido cuentas bancarias con Lázaro Báez. "Debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes", afirmó.

El escrito presentado por Cristina Kirchner

Además, declaró que "la manera transparente en que hemos administrado nuestro patrimonio les permitió a los “no jueces” que se han lanzado en nuestra contra a embargar nuestros bienes, bloquear las cuentas bancarias, intervenir las empresas familiares y designar al frente de éstas auxiliares que no hicieron otra cosa que ocasionarnos perjuicios".

En otro párrafo, señala: "Es más, se llegó hasta el absurdo de embargar mi jubilación y bloquear mis tarjetas de crédito e impedirme, siquiera, tener una tarjeta de débito. Todo ello, seguramente, con el propósito de ahogarme financieramente y luego seguir mis movimientos (tal como lo hacen habitualmente los servicios de espionaje gubernamentales) para ver si termino yendo a alguna bóveda en la que guardaría los millones de dólares que un grupo de arrepentidos que ahora se han cartelizado dicen haber pagado".

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Y, a modo de síntesis, agrega: "En suma, podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno".

Ayer, la Cámara Federal porteña rechazó el planteo de la ex mandataria para dejar si efecto la citación en un planteo contra los jueces de ese tribunal que habían dispuesto su indagatoria.

Según datos coincidentes de tribunales, los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens rechazaron por “improcedente” el pedido de recusación en su contra formulado por la defensa de la senadora de Unidad Ciudadana, por lo que quedó ratificada la indagatoria prevista para hoy.

Como se recordará, los dos camaristas le habían ordenado al juez federal de primera instancia Sebastián Casanello que citara a la ex mandataria a declaración indagatoria en el marco de la causa por las maniobras de lavado de dinero realizadas a través de la financiera SGI, también conocida como “La Rosadita”.

Casanello había evitado llamar a la senadora, pese a los pedidos en ese sentido del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso. El juez considera que Cristina es investigada por los mismos hechos en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez.

La causa por “la ruta del dinero K” en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, que va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo, y tiene unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar. Todos están acusados de formar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI.

El juicio oral por la “ruta del dinero K” empezará el 30 de octubre, sin Cristina.