El acuerdo de Brexit entre Londres y Bruselas que el Parlamento británico rechazó este martes tenía por objetivo garantizar que Reino Unido saliera de la Unión Europea de forma ordenada el 29 de marzo.
Sus disposiciones claves buscaban evitar una frontera dura entre la República de Irlanda -miembro de la UE- y la provincia británica de Irlanda del Norte, proteger los derechos de los ciudadanos europeos y británicos y fijar la última contribución financiera que Reino Unido debe hacer al presupuesto europeo.
Estos son sus principales puntos:
Irlanda del Norte
¿Cómo evitar la reintroducción de una frontera clásica entre Irlanda, país de la UE, y la provincia británica de Irlanda del Norte al tiempo que se preserva el Acuerdo de Paz de Viernes Santo de 1998? A ese reto, el acuerdo responde en dos tiempos.
La solución final pasa por la futura relación entre británicos y europeos, especialmente por un eventual acuerdo de libre comercio que todavía deben negociar y que regiría al término del período de transición, previsto hasta el 31 de diciembre de 2020 pero prolongable dos años.
Si pese a todo siguen sin una solución al término de la transición, se acordó un "backstop" o "red de seguridad" que pasaba por crear un "territorio aduanero único" entre la UE y Reino Unido, sin aranceles ni cuotas en el mercado europeo para productos británicos.
Sin embargo, de cara a mantener la unidad del mercado único europeo y no sólo la integridad de Reino Unido, Irlanda del Norte mantendría aquellas normas del bloque necesarias para evitar una frontera clásica en la isla, como las relativas a los productos agrícolas o las fitosanitarias.
Reino Unido o la UE podían poner fin a este protocolo sobre Irlanda, que acompaña el acuerdo de divorcio, en cualquier momento tras la transición, pero no unilateralmente sino de mutuo acuerdo.
Derechos de los ciudadanos
Los derechos de los ciudadanos de la UE, como el de poder solicitar la residencia permanente tras cinco años viviendo en un país, se debía conservar para aquellos residentes actualmente en Reino Unido o en uno de los otros 27 países del bloque o que lleguen durante el período de transición.
El acuerdo prevé que más de 4 millones de ciudadanos (3,2 millones de europeos en Reino Unido y 1,2 millones de británicos en el resto del bloque) puedan continuar estudiando, trabajando, recibiendo ayudas y reagrupando a sus familias.
Factura
El precio del Brexit se estima entre 35.000 y 39.000 millones de libras (entre 40.000 y 45.000 millones de euros), según el gobierno británico.
Por los términos del acuerdo, Reino Unido debía cumplir todas las obligaciones financieras que asumió como miembro de pleno derecho de la UE desde 1973, incluso si estas se extienden más allá del final del período de transición.
Transición
Al consumar el divorcio el 29 de marzo, Reino Unido seguiría durante 21 meses en el mercado interior de la UE y en la unión aduanera, para dar tiempo a las empresas y los países a preparar la ruptura final.
Este período de transición finalizaría el 31 de diciembre de 2020, una fecha que coincide con el final del Marco Financiero Plurianual de la UE 2014-2020, si bien ambas partes pueden decidir a mediados de ese año prolongarlo hasta finales de 2022.
Durante ese tiempo, Reino Unido debería seguir respetando las reglas de la UE, sin tener ni voz ni voto, y podría empezar a negociar sus propios acuerdos comerciales, que solo podrían entrar en vigor al término de la transición.
La jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE seguiría aplicándose durante esos meses. Sobre el acuerdo de divorcio, un panel de arbitraje se encargaría de resolver los diferendos, si bien el TJUE tendría voz sobre cuestiones de derecho comunitario.
Futura relación
El Acuerdo de Retirada iba acompañado por una declaración política sobre la futura relación entre ambas partes tras el periodo de transición, un documento jurídicamente no vinculante y que traza las líneas de la futura negociación sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos.
Además del protocolo sobre Irlanda del Norte y otro sobre las bases británicas en Chipre, el acuerdo de divorcio establecía también las bases de cooperación entre Reino Unido y España en lo referente a Gibraltar, enclave británico cuya soberanía reclama Madrid.
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