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El gobierno de Maduro rechazó las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos

6 de Abril de 2019 | 15:10

Venezuela calificó hoy de "cínica y criminal" la decisión de Estados Unidos de aplicar una serie de sanciones contra empresas venezolanas que envíen petróleo a Cuba, ya que Washington sostiene que La Habana "garantiza" que el presidente Nicolás Maduro continúe en el poder.

"Venezuela tilda de inaceptable la cínica y criminal decisión del Gobierno de Donald Trump de pretender aplicar medidas violatorias del derecho internacional (...) al anunciar el día de hoy sanciones contra embarcaciones venezolanas y empresas de transporte para afectar el envío de petróleo a la hermana república de Cuba", señala un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La nota de la cancillería venezolana afirma que Washington "una vez más se coloca al margen de los más elementales principios legales" y dice que su intención es "generar sufrimiento en pueblos de nuestra América", informó la agencia Europapress.

El gobierno de Caracas señala que, en consecuencia, responderá por las vías judiciales correspondientes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano incluyó a dos empresas que trabajan en la industria petrolera de Venezuela, un barco que transporta crudo de ese país a Cuba y a 34 barcos que propiedad de la petrolera estatal, PDVSA.

El secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, dijo que "Cuba ha sido una fuerza subyacente que ha alimentado la crisis en Venezuela" y aseguró que ese país "continúa beneficiándose y apoyando al régimen ilegítimo de Maduro a través de los esquemas de represión por petróleo que le mantienen en el poder".

Según la Casa Blanca, La Habana "es uno de los mayores importadores de crudo de Venezuela y, a cambio, envía asistencia a Venezuela en forma de asesores políticos, de Inteligencia y militares, así como profesionales sanitarios, todos ellos usados para garantizar que Maduro sigue en el poder".

El 10 de enero, la crisis venezolana se agravó tras la decisión de Maduro de iniciar un segundo mandato que no reconocen ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional por considerar que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un "fraude".

El 23 de enero, el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela. El legislador obtuvo de inmediato el reconocimiento de más de 50 países de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la mayoría de países latinoamericanos, entre ellos Argentina.

En tanto, el 2 de abril, la Asamblea Nacional Constituyente -controlada por el gobierno venezolano- le retiró la inmunidad parlamentaria a Guaidó, lo que abrió el camino para que el líder opositor sea enjuiciado y detenido.

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