Un 10 por ciento adhirió al decreto que congeló los precios de los alquileres

Según los martilleros platenses, un porcentaje considerable pactó nuevos precios entre lo que indica el mercado y la posibilidad de los inquilinos. Un 7 por ciento de los locatarios rescindió los contratos por problemas con los pagos

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Ya pasó un mes de la extensión del decreto de necesidad y urgencia para congelar precios de alquileres e impedir desalojos. Según se pudo saber, un 10 por ciento de los inquilinos adhirió al DNU 766/2020, y un 5 por ciento de los propietarios retiró el inmueble del alquiler en el mercado local. Dentro del 90 por ciento que no adhirió al DNU, renovó el contrato de alquiler, lo prórrogo o pactó una suma intermedia entre el precio que debía pagar con la nueva actualidad económica y las posibilidades que tiene para afrontar una suba para no dejar muy atrasado el valor del alquiler. Son datos con los que cuenta la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires (CIBA) y la Federación de Inmobiliarias de la República Argentina (FIRA).

Mirta Líbera, presidente de CIBA, dijo a este diario que “para muchos propietarios la extensión del decreto que establece el congelamiento de valores de alquileres fue una decisión excesiva. En la primera etapa lo entendieron por el contexto que había generado la pandemia, pero en el segundo caso, para extenderlo de octubre a enero de 2021 despertó quejas porque la situación económica del país varió y muchos valores quedaron muy desactualizados, pues en marzo ya estaban bastante más bajos de lo que marcaba el mercado”.

La martillera local, a su vez, destacó la “solidaridad social de los inquilinos que en su gran mayoría han entendido el contexto y pactan nuevos valores para acercarse a los precios del mercado. En los casos en los que entendieron que les costaba seguir pagando resolvieron rescindir el contrato. Eso rondó en un 5 a 7 por ciento”.

En CIBA remarcan que “sigue resultando muy bueno el cumplimiento en general. El 90 por ciento pagó el total de los contratos”.

Muchos de los que se adhieren al decreto “acumulan deuda, y hay casos en los que aún no han pagado la diferencia de valor entre el congelado y el que correspondiere a un nuevo contrato”, remarcó la titular de la cámara bonaerense.

Quienes rescindieron el contrato regresaron a vivir con sus padres o se reagruparon para pagar entre más personas el valor de un alquiler, explicaron en el sector.

Quienes se quejaron fueron los locadores que complementan sus ingresos con los alquileres

“Muchos inquilinos han preferido repactar sus nuevos contratos por tres años o prorrogar con nuevo valor al solo efecto de asegurarse los lugares en los que estaban”, agregaron.

Remarcan distintos martilleros que “es diferente la situación en los locales comerciales, donde hubo un alto porcentaje de rescisiones de contratos en La Plata, con lo cual muchos locales han quedado vacíos”.

Líbera señaló también que “la mayoría de los dueños que se han quejado son aquellos que tienen uno o dos departamentos y ese ingreso representa el complemento de la jubilación, para vivir mes a mes”.

En la Cámara también sostuvieron que “hubo muy poca conflictividad, a diferencia de lo ocurrido enel mercado informal, donde si hubo inconvenientes de distinta magnitud. Por eso siempre recomendamos que los contratos de alquiler se hagan a través de inmobiliarias y martilleros autorizados, porque hay una regulación mayor.p

Muchos inquilinos optaron por pactar nuevos precios por temor a que se disparen los valores

 

En tanto, la martillera Mariana Valverde dijo que “el nuevo DNU tuvo menos aceptación que el primero. En nuestro caso rondó el 30 a 35 por ciento. El resto pactó valores intermedios entre los precios anteriores y las nuevos precios del mercado. Muchos inquilinos temen que a la finalización del DNU, en enero de 2021, los precios se disparen”.

La profesional remarcó que “este decreto pone al locatario como responsable de la decisión en relación al contrato, excepto caso de vulnerabilidad del locador, por lo tanto el locatario debe aceptar la decisión que adopte el inquilino con respecto a la normativa vigente”.

LA PRÓRROGA

A fines de septiembre, el Gobierno nacional prorrogó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 766, el Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.

La norma prorroga hasta febrero de 2021, el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.

Cabe indicar que entre marzo y abril se publicó el decreto 320 de emergencia locativa que congeló los precios, los desalojos y estableció el pago de lo adeudado en este plazo en 3 a 6 cuotas similares con intereses compensatorios.

“En ese momento hubo más adhesiones”, remarcaron los martilleros locales.

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