La Justicia de Santa Fe realizó ayer nuevos allanamientos en relación a la causa Vicentin, que derivaron en el secuestro de diversos materiales de interés para la investigación por presunta asociación ilícita y estafa.
Así lo indicó el ministerio Público de la Acusación de esa provincia, desde donde indicaron que se libraron órdenes para allanar 11 propiedades, entre ellas la sede de la empresa y domicilios particulares de directivos y asociados.
Los procedimientos fueron realizados por personal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Fiscalía, del organismo de investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) e integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Los allanamientos se llevaron a cabo en 11 direcciones de la localidad de Avellaneda. 2 de Reconquista y la restante en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
“En todos los casos se dispuso el secuestro de material de interés para la investigación”, informó el Ministerio Público de Acusación en un comunicado.
Se secuestraron, entre otros elementos, “dispositivos de almacenamientos electrónicos, celulares”, al tiempo que se llevó a cabo “un relevamiento de los vehículos hallados”.
Si bien no se libraron órdenes de detención, se procedió “a la identificación de todas las personas que se encontraban en los inmuebles”, indicó el Ministerio Público de la Acusación provincial.
“ES INJUSTIFICADO”
La empresa, por su parte, calificó a los procedimientos de “absolutamente injustificados, extemporáneos y arbitrarios, siendo que la compañía y todos sus directivos han permanecido siempre a derecho y han suministrado de forma voluntaria toda la información que les ha sido requerida en el marco de las investigaciones en curso”.
En un comunicado, la conducción de la firma agroexportadora dijo que “nada justifica este accionar que en varios de los domicilios donde residen los citados directivos con sus familias, provocaron situaciones de violencia absolutamente reprochables e innecesarias”.
Los allanamientos -a cargo de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario- se llevaron a cabo en los domicilios particulares de directivos y accionistas de le empresa y en sedes administrativas ubicadas en las localidades de Avellaneda, Reconquista y Ricardone.
Se trata de quien investiga la causa investiga la denuncia sobre el accionar de su una supuesta asociación ilícita dedicada a estafar a bancos y proveedores. De acuerdo a lo que trascendió, la fiscalía estaría convencida de la presencia de hechos ilícitos, y se busca encontrar las responsabilidades de los ex directivos de la agroexportadora en los mismos.
Según trascendió, los operativos se realizan en al menos 13 domicilios particulares de las ciudades santafesinas de Reconquista y Avellaneda y otros tres en empresas de la pequeña localidad de Ricardone, también ubicada en Santas Fe.
Desde la Fiscalía señalaron que hubo “hechos ilícitos” que justifican la investigación con allanamientos. Según trascendió de fuentes judiciales, en los allanamientos ya se pudo secuestrar información clave para la causa, computadores y celulares.
Según las últimas informaciones, entre los allanados figuran apellidos tales como Vicentin, Boschi y Colombo. Y, entre los denunciantes, a los acreedores Cuatro Hojas S.A.; Olzen Industria y comercio de Calzados S.A; Banco Macro; La Clementina S.A; Grassi SA, Maniagro SA y los bancos internacionales que querellan en conjunto: IFC International Finance Corporation (Washington, EU); FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (La Haya, Holanda); ING Bank (Amsterdam, Países Bajos); Natixis New York Branch (Nueva York, EU); Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Países Bajos).
La Justicia investiga a directivos de la empresa por el delito de “asociación ilícita y estafa”
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