Un paro de la Asociación Civil de Anestesia, Analgesia y Reanimación del Centro de la Provincia en Azul y Las Flores (AACPBA) generó el traslado urgente de un paciente de 9 años por la falta del servicio y pedidos excepcionales para operar a una nena que tenía una cirugía programada y para hacer una cesárea.
Los hospitales Argentina Diego de Azul y Zonal General de Las Flores se quedaron sin servicio de anestesiología por un reclamo salarial de dicho sector: la AACPBA reclama un aumento del 35% (sólo en el primer semestre), reducir los módulos de prestación a 3 horas y definir con su propio criterio cuáles son las prácticas de alta complejidad que traen aparejado un incremento del 50%.
El ministerio de Salud bonaerense aseguró, mediante un comunicado a la prensa, que "mantiene un diálogo abierto y continuo con todas las asociaciones de anestesiólogos para atender todo tipo de reclamos y, en la mayoría de los casos, se avanzó en un Convenio de cara al 2021 sin afectar un servicio tan esencial".
En este contexto, el 22 de diciembre las autoridades de la Región Sanitaria IX derivaron a Olavarría a un paciente de 9 años con diagnóstico de fractura de cúbito, que requería resolución bajo medicación anestésica.
Por otro lado, otra niña tenía programada una traqueostomía para el día 22 de este mes y cuyo traslado no era posible por su condición. Ante esta situación extrema, la dirección del hospital de Azul se comunicó con el presidente del AACPBA, quien luego de evaluar la nota remitida dispuso que, a modo excepcional, concurra un profesional a realizar dicha práctica.
Desde el Ministerio, igualmente, aseguraron que "todavía queda pendiente la respuesta de la Asociación para realizar hoy una cesárea de urgencia en una paciente de Azul".
El titular del PAMI regional, Nelson Sombra, sostuvo que la posición de los anestesiólogos es “una actitud corporativa e inhumana por parte de 5 personas que cobran 300 mil pesos y comprometen la salud de toda la población”
Por su parte, Ramiro Borzi, director de la Región Sanitaria IX, agregó que “hay una cuestión de ética profesional” y la decisión es “crítica e irrespetuosa”.
La cartera afirmó que debido al "carácter monopólico de la prestación en la provincia de Buenos Aires" se envió carta documento obligando a continuar con la prestación de los servicios contratados "bajo apercibimiento de iniciar las acciones contencioso administrativas tendientes a asegurar su cumplimiento y formular denuncias penales por la eventual comisión del delito de abandono de persona"
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